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Este 8 M desde el Centro de Estudios para la Ciudad denunciamos las políticas de ajuste, vaciamiento y motosierra realizadas por el gobierno de Javier Milei que recaen principalmente sobre las espaldas de las mujeres y las diversidades.

El Internacional de la Mujer tuvo su origen en la lucha por los derechos de las mujeres (derecho al voto, jornada reducida, mejora salarial) en el siglo XX, donde surgió la primera movilización masiva. Desde dicha época año a año el 8 de marzo se conmemora la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos, la justicia social y la erradicación de la violencia de género.

En el contexto actual de Argentina, este día nos encuentra nuevamente movilizadas. Desde el inicio de la gestión libertaria se han desmantelado programas, organismos y políticas públicas esenciales para la protección de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+. El discurso oficial ha minimizado la problemática de la violencia de género, desconociendo que en la Argentina según el observatorio “Ahora que sí nos ven”, en 2025 se registraron 52 femicidios, lo que equivale a 1 femicidio cada 27 horas. Del mismo informe se desprende que el 19% de las víctimas había realizado una denuncia previa contra el agresor y que solo el 15% contaba con medidas de protección (prohibición de acercamiento, botón antipánico, etc). En un contexto con altos índices de violencia y donde nos siguen matando el gobierno banaliza la violencia de género existente y plantea la posibilidad de eliminar la figura del femicidio del Código Penal. Figura que fue incluida en el año 2012 en el Código Penal sancionando de manera adecuada dicha violencia específica y cumpliendo de ese modo con los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres. La pretendida eliminación de la figura existente en el Código Penal no solo desconoce la gravedad de la violencia de género, sino que también envía un mensaje de impunidad a los agresores y de desprotección a las víctimas.

Las medidas y acciones realizadas por el gobierno de Javier Milei afectan en mayor medida a las mujeres profundizando las desigualdades. La eliminación de la moratoria previsional es un claro ejemplo de ello, atento que el 87% de las personas que accedieron a la misma son mujeres. La informalidad laboral, las interrupciones en las carreras laborales de las mujeres son algunas de las causas por las que estas llegan a la edad jubilatoria sin contar con los años de aportes necesarios. Por lo que la medida de eliminación de moratoria no es indiferente y tiene cara de mujer.

Nuestro país ha sido históricamente un referente en la región en materia de derechos de las mujeres y políticas de género. A través de la historia de nuestro país se han sancionado distintas normas que buscan proteger los derechos de las mujeres en sus distintos ámbitos de acción ( la ley de voto femenino, las leyes de cupo, la ley de educación integral (ESI), la ley de matrimonio igualitario, la ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Ley 26.485), la ley de identidad de género, la ley de acoso sexual, ley micaela y a Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley 27.610)) son algunos ejemplos. Las que en conjunto con la creación del hoy eliminado Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad han sido fundamentales para abordar problemáticas como la violencia de género, la desigualdad laboral y la falta de acceso a la salud reproductiva.

Desde la asunción de Javier Milei como presidente, se han implementado medidas que han generado un retroceso en las políticas de género, afectando directamente la protección y los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+. Desde el CEC analizamos algunos de los aspectos más preocupantes de dichas medidas.

Reducción Presupuestaria: El gobierno ha llevado a cabo un ajuste fiscal que ha impactado severamente en áreas clave como salud, educación y programas sociales. La eliminación del plan Enia (programa que prevenía el embarazo adolescente) es una prueba de ello; durante el período que el mismo estuvo vigente logró disminuir un 50% el embarazo adolescente en 12 provincias del país.

La eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y de las políticas que este llevaba a cabo, a la vez que la eliminación de diversas áreas del Estado que buscan la igualdad de género y la protección contra las violencias genera que no sea posible que continúen los programas de acompañamiento y protección a las víctimas de violencia de género; entre los que encontramos la línea 144. Con estas decisiones se desconoce además del problema estructural de la violencia de género, el compromiso de la Argentina con convenciones internacionales como la de Belem do Pará (Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres), firmada en 1994 y CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), de 1980. La subejecución y el vaciamiento de los programas implican el retiro del Estado para quienes más lo necesitan; impacta en el nivel de vida

Políticas de cuidado: Según el segundo informe del CELS denominado “La cocina de los cuidados” ya en junio del 2024 el gobierno de Javier Milei había derogado y desmantelado 24 de las 47 políticas de cuidados que se encontraban vigentes. Dejando en pie sólo las políticas de transferencia de ingresos directa a las personas. Aunque son necesarias, estas medidas por sí solas no abordan de manera integral ni multicausal las problemáticas existentes. No logran mitigar los efectos de la recesión en el ámbito laboral y resultan insuficientes para contrarrestar los impactos del retiro. En octubre de 2024, Argentina fue el único país del G20 que no respaldó una declaración sobre la igualdad económica de las mujeres. La razón fue que la declaración incluía conceptos que no compartían, como reconocer las acciones de cuidado familiar como trabajo e involucrar al Estado en el pago de ingresos. Además, el gobierno argentino solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos retirar una solicitud de opinión consultiva enviada en 2023, que proponía considerar el cuidado como un derecho humano. Esta solicitud ya había generado un proceso de debate regional, pero la Corte IDH rechazó el pedido.

La Ley Micaela: Luego de la sanción de la ley de bases la misma pasa a ser obligatoria solamente para aquellos organismos competentes en la materia, lo que reduce el alcance de la norma. Además, se plantea eliminar al Instituto Nacional de las Mujeres como autoridad de aplicación, reemplazándolo por el Ministerio de Capital Humano. Estos cambios generan un retroceso en la lucha contra la violencia de género y en el cumplimiento de estándares internacionales

Recortes en Programas de Asistencia: Programas destinados a víctimas de violencia de género y a la promoción de la autonomía económica de las mujeres han sufrido recortes. Uno de los cambios más significativos ha sido la reducción del tiempo de ayuda económica del Programa Acompañar, que pasó de seis a tres meses. A la vez añadido el requisito de presentar denuncia policial o judicial para acceder a dicho programa. Estos cambios han generado que miles de mujeres se encuentren en situación de desprotección y a la vez han colocado a la víctima en un lugar de revictimización exigiéndole la existencia de denuncia para acceder al mismo. El vaciamiento de las políticas públicas de género tiene consecuencias directas en la vida de las mujeres, especialmente en los sectores más vulnerables. Además, se les retiró el apoyo económico del Programa de Fortalecimiento de Acceso a Derechos de las Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, y se suspendió la hormonización para menores de 18 años.

Desigualdad Económica: Las mujeres, especialmente las jefas de hogar se ven afectadas por la reducción de programas de empleo y capacitación. La actividad mayoritariamente feminizada (trabajo de casas particulares) ha visto reducida notablemente su ingreso salarial a la vez que se eliminaron las políticas tendientes a su formalización laboral. Según el informe N° 4 del CELS denominado “la cocina de los cuidados”, las trabajadoras del cuidado han visto reducido su salario real en el primer año de gestión de Javier Milei en un 22% en el caso de empleadas de casas particulares, un 54% el de trabajadoras comunitarias y un 29 % las docentes. En la Argentina de 2025 la desigualdad salarial entre hombres y mujeres alcanza al 27% (INDEC septiembre 2024), lo que refleja la persistente brecha salarial. A su vez la división sexual del trabajo y la sobrecarga de tareas de cuidado continúa recayendo principalmente sobre las mujeres quienes dedican a estas tareas el doble que sus pares varones. Las personas trans fueron despedidas del Estado en una proporción mayor que otros empleados estatales.

Salud Reproductiva: El acceso a servicios de salud sexual y reproductiva se ha visto comprometido, poniendo en riesgo la vida y la autonomía de las mujeres. La reducción del presupuesto destinado a programas de Educación Sexual Integral (ESI) y la modificación de los contenidos curriculares para alinearlos con una perspectiva más conservadora han generado críticas desde la sociedad civil en tanto dichos recortes apuntan a limitar el acceso a información integral y científica sobre sexualidad y género.

La lucha por la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres es un compromiso que requiere la participación activa de toda la sociedad. En el año que se cumplen 30 años de la conferencia de Beijing y toda vez que la gestión actual decidido no participar en dicha asamblea, vemos más que necesario reafirmar la lucha por los derechos de las mujeres y por la igualdad. Este 8 de marzo, saldremos nuevamente a las calles para defender los derechos adquiridos y continuar reclamando los que aún nos faltan. Nos movilizamos para reafirmar que, aunque nos quieran en soledad, nuestra fuerza radica en la comunidad y la solidaridad colectiva. Seguiremos exigiendo políticas públicas efectivas y la garantía de derechos que nos permitan vivir en un mundo más justo y equitativo. Porque juntas somos más fuertes, y juntas seguiremos avanzando hacia un futuro libre de violencia y desigualdad.

El Centro de Estudios para la Ciudad, ha desarrollado durante este año, una serie de actividades enmarcadas en la defensa de los derechos sociales y colectivos y en el fortalecimiento de la democracia. Un año complejo, con enormes dificultades que son consecuencia de las políticas públicas nacionales y locales que provocan una extrema desigualdad urbana, social y económica. En dicho marco, se incrementaron las demandas sociales, las problemáticas vinculadas al acceso a la ciudad y su costo (fundamentalmente en términos de acceso a servicios, movilidad, vivienda, etc.). El trabajo desarrollado implica la producción de informes y documentos que se definen como insumos o herramientas básicas para la acción, así como instancias de trabajo en los territorios y con los grupos sociales con los que CEC articula en el marco de la construcción de redes y espacios catalizadores de procesos vinculados al logro de una sociedad más justa.

El proceso desarrollado a lo largo del año, se organizó en distintos espacios de trabajo:

Llevamos a cabo diversos espacios de taller, fundamentalmente en el Barrio Cildañez (CABA), que se dividieron en tres módulos. El primero sobre derechos ciudadanos, el segundo sobre derechos de las mujeres y el tercero sobre educación financiera. En cada uno, asistieron más de 30 vecinas y vecinos quienes al finalizar el taller obtuvieron su certificado de participación.

También llevamos a cabo el proceso de coordinación y gestión de renovación de autoridades del CEC. Dicha tarea implicó poner a punto toda nuestra documentación jurídica y contable, lo que nos permite poder realizar presentaciones, convenios y generar distintas articulaciones.

Participamos en diversas convocatorias internacionales y de C.A.B.A proponiendo el análisis y abordaje de políticas públicas en temas centrales como la democracia, la desigualdad de género, la educación y el trabajo.

Elaboramos convenios de colaboración con otras organizaciones que nos dieron mayor conocimiento con otros espacios y articulación.

Llevamos a cabo talleres de distinta temática vinculada a las relaciones y las inequidades de género. El Taller de Violencia de Género fue realizado en el barrio de Cildañez durante agosto del presente año, implementando un taller dividido en dos módulos dictados por estudiantes de la licenciatura de Trabajo Social. A través de dinámicas grupales, experiencias personales de los participantes y debates, se abordaron los siguientes temas: derechos de las mujeres; definición de violencia, tipos de violencia, mitos; Sexo y género; Construcción del lenguaje no binario. Los objetivos perseguidos fueron: deconstruir, reflexionar y problematizar las percepciones de los participantes sobre la violencia de género tendientes a la prevención y la construcción de estereotipos de género.

Por otra parte, el Taller de Nuevas Masculinidades, se desarrolló durante el mes de octubre también en el barrio Cildañez, y fue implementado en dos módulos. Se realizaron actividades grupales, dinámicas participativas, utilizando material multimedia, con el fin de reflexionar sobre los temas abordados, fundamentalmente: Que es la masculinidad; Estereotipos de género; Mandatos, Micromachismos; Tareas de cuidados; División sexual del trabajo. El taller se planteó reflexionar y problematizar sobre los roles de género, la formación de los estereotipos de género, la división sexual de las tareas de cuidado y la desigualdad.

Por otra parte, y vinculado con la temática habitacional, realizamos un relevamiento de las condiciones de acceso a la vivienda en el barrio Solar del Norte, en la localidad Los Polvorines, Partido de Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires. El mismo implicó una instancia de relevamiento de vecinos, que fue llevado adelante en todo el polígono correspondiente al barrio, encuestando 36 viviendas, lo cual significó llegar a 158 personas (90 adultos y 68 menores de 18 años). Por lo tanto, la información cuenta con un nivel de significatividad del 95% y un margen de error del 10%. En esta instancia, se profundizó el diseño de instrumentos para el relevamiento, con el aporte y articulación del equipo de Urbanismo, destinado al reconocimiento de la integralidad de las problemáticas barriales.

Se incorporó formalmente durante este año el trabajo puntual en temáticas urbanas, fundamentalmente en CABA, destacándose en este sentido el análisis y discusión del proyecto de ley de modificación del Código Urbanístico de la ciudad. También se abordaron algunos temas de debate nacional, con una fuerte afectación local, como el análisis y discusión de las implicaciones o consecuencias de la exclusión y oposición del gobierno argentino a la Agenda 2030, ODS y el Pacto del Futuro.

Otro aspecto importante de trabajo, fue la investigación y sistematización de lo planteado en el Decreto 950/2024 en el que el gobierno nacional plantea la subasta de inmuebles del Estado Nacional, y las implicancias territoriales del mismo. También se desarrolló una indagación preliminar de la problemática de alquileres en CABA, que se plasmó en la elaboración y sistematización de datos de encuesta virtual ciudadana, que continúa en desarrollo pero evidencia una de las problemáticas más significativas reconocidas por las y los habitantes de la ciudad.

En el marco de acciones territoriales concretas, se trabajó con los espacios públicos de Comuna 1: particularmente en el análisis de proyectos de intervención en San Telmo en articulación con organizaciones de la Comuna, como la “Puesta en valor integral” de la Plaza Anchorena en Montserrat, sita en la esquina de Piedras y Belgrano, junto a las organizaciones REDI y RUMBOS) que fue aprobado -con modificaciones- por la Junta Comunal de la Comuna 1 y actualmente se encuentra en obra. También se generaron acciones vinculadas al abordaje de la problemática patrimonial en el caso Santa Catalina y el uso de espacios vacantes de San Nicolás (en articulación con la ONG “Basta de Demoler”). En el mismo sentido, se está trabajando en la elaboración de una metodología de abordaje de la accesibilidad en espacios urbanos, con relación a distintas discapacidades.

Se aportó al Taller de cierre CEC 2024, en función de visibilizar y analizar las desigualdades económicas y urbanas en CABA. En el caso del área de Urbanismo, se puntualizó en la desigualdad como distancia al ejercicio pleno del derecho a la ciudad, fundamentalmente a partir de seis variables o aspectos centrales: tierra, vivienda, servicios, movilidad, espacio público y seguridad.

Nuestro responsable de CECA Sergio Woyecheszen elaboró periódicamente informes económicos los cuales fueron publicados en nuestra web cecargentina.org y replicados en nuestras redes sociales.

Desde el área se desarrolló el Taller de cierre 2024 de CEC, puntualmente con aportes de formación sobre economía en la cual se hizo una introducción muy clara sobre los dos modelos económicos en pugna a partir del binomio “falta de dólares vs. gasto público”, desarrollando sus características y situando ambos paradigmas en nuestra argentina actual a fin de visibilizar el fenomenal ajuste innecesario del Gobierno actual.

En base al debate abierto se concluyó que para mantener el desarrollo económico de la Argentina sin volver a estancarnos con la falta de dólares es primordial el fomento de la producción mediante la integración de sectores. Esto es, conectar más y mejor a quienes proveen, producen y compran obteniendo los dólares necesarios para mantener el Estado presente que necesitamos. Retomar el desarrollo industrial sin estancarse también requiere centrarnos en la inversión y producción de nuestros recursos nacionales, como ser minería o energía, que nos permitan un modelo económico inclusivo a mediano y largo plazo.

Durante el mes de noviembre, se llevó a cabo una intervención en salud y prevención en el barrio de Cildañez, dirigida a personas con dificultades para acceder a la atención primaria. Esta iniciativa tuvo como objetivo principal garantizar el derecho a la salud y acercar prestaciones esenciales a quienes enfrentan barreras para recibir atención médica oportuna. La intervención se desarrolló en dos jornadas consecutivas, donde se realizaron controles de presión arterial y mediciones de hipoglucemia, acciones fundamentales para la detección temprana de problemas cardiovasculares y metabólicos. Estas actividades no sólo promovieron el cuidado de la salud individual, sino también la concientización colectiva sobre la importancia de los chequeos regulares.

La respuesta de la comunidad fue muy positiva, con una amplia participación que superó las expectativas iniciales. Se estima que más de 40 personas se acercaron para aprovechar estos servicios, evidenciando la necesidad y el impacto de este tipo de acciones en los territorios vulnerables. Esta experiencia refuerza el compromiso de continuar trabajando para garantizar el acceso equitativo a la salud en todos los barrios.

• RED RIO: La RED RIO es un espacio de encuentro, creada bajo el marco del programa CIOBA (Decreto 847), entre organizaciones de la sociedad civil y el Gobierno de la Ciudad con el objetivo de brindar herramientas para el fortalecimiento de las organizaciones del tercer sector. Hicimos el trámite de empadronamiento mediante el CIOBA. Esta acción nos permite ser reconocidos como Organización Civil y nos integra a las distintas organizaciones empadronadas. Al día de la fecha estamos incluidos en un grupo de whatsapp de la Red Rio y recibimos las novedades por mail. Es importante destacar que esta acción fue lograda de manera exitosa por cumplir con los exigentes requisitos administrativos y legales.

• ECO HOUSE: Eco House es una organización sin fines de lucro de acción para la sostenibilidad. Su fin principal es desarrollar programas e iniciativas de educación, política, comunicación, consultoría y restauración ecológica. Actualmente, cuentan con más de 40 proyectos activos.

• FOES: El Foro de Organizaciones de Educación para la Sostenibilidad (FOES) es una red hermana de la REDES que la nutre y enriquece. Funciona como un espacio de encuentro entre organizaciones de la sociedad civil especializadas en Educación para la Sostenibilidad de todo el mundo. Acercan propuestas a profesores y estudiantes, comparten actividades, información y recursos didácticos, generan bases de datos comunitarias, colaboran con recursos técnicos, organizan eventos proyectos y comparten experiencias. Es importante resaltar el trabajo que viene realizando la compañera Jazmín Belossi en la articulación con los espacios de Eco House y el FOES.

El pasado 02 de diciembre el gobierno informó cambios significativos en la cobertura de medicamentos para los jubilados. En los últimos meses, el sistema de cobertura del PAMI viene transitando modificaciones en detrimento de los derechos de sus afiliados, reflejo de las tensiones económicas y políticas de ajustes que atraviesan el país. Es importante destacar que desde su implementación en 2020, el programa de medicamentos gratuitos se consolidó como una herramienta esencial para proteger los ingresos de las y los jubilados, especialmente frente a la creciente inflación. Sin embargo, desde fines de 2023 y durante 2024, la situación ha comenzado a deteriorarse considerablemente, poniendo en jaque el acceso equitativo a la salud.

Entre los cambios destacados, el organismo redujo su vademécum, excluyendo 44 medicamentos que antes estaban cubiertos al 100%. Esto afectó principalmente a tratamientos para enfermedades crónicas y productos básicos, lo que ha generado malestar y protestas entre las y los jubilados, así como una notable presión económica sobre este sector de la población.

Actualmente, el PAMI mantiene una cobertura del 100% para medicamentos esenciales como insulinas, hipoglucemiantes, tratamientos oncológicos y medicamentos antirretrovirales. Sin embargo, la cobertura parcial (entre el 50% y el 80%) para otros medicamentos esenciales obliga a muchos jubilados a destinar una porción considerable de sus ingresos a tratamientos antes cubiertos. Además, los precios de los medicamentos han aumentado significativamente, con incrementos interanuales que en algunos casos superan el 24%, desfasados respecto al ajuste en las jubilaciones mínimas.

Los aumentos en los precios de los medicamentos han sido alarmantes. En el tercer trimestre de 2024, los incrementos interanuales oscilaron entre 24% y 322% dependiendo de los productos, exacerbando la carga económica para las y los jubilados que ya enfrentan jubilaciones mínimas insuficientes.

En nuestra Constitución Nacional el artículo 14 bis establece que el trabajo y la seguridad social son derechos protegidos por el Estado. En cuanto a la seguridad social, señala que debe ser integral e irrenunciable. Para las y los jubilados, este artículo implica que el sistema preventivo y de salud debe garantizarles una cobertura médica adecuada que incluya acceso a tratamientos y medicamentos necesarios. El concepto de "integral e irrenunciable" refuerza que estas prestaciones no pueden ser disminuidas o condicionadas por circunstancias económicas y menos aún por decisiones de los gobiernos de turno. Asimismo, el artículo 42 establece derechos relacionados con los consumidores y usuarios de bienes y servicios, indicando que tienen derecho a una protección adecuada de su salud, seguridad e intereses económicos. También dispone que los poderes públicos deben garantizar la calidad y eficiencia en la prestación de esos servicios.

En el caso de los jubilados, este artículo subraya la obligación del Estado de supervisar que los servicios de salud, como los brindados por el PAMI, sean accesibles, de calidad y cumplan con los estándares necesarios para proteger su bienestar físico y económico.

La cobertura de medicamentos por parte del PAMI ha sido históricamente un pilar fundamental para la protección de la salud de las y los jubilados en Argentina, un sector vulnerable que depende de estos servicios para garantizar su bienestar y calidad de vida. Sin embargo, las políticas adoptadas por el gobierno de Javier Milei han generado un escenario de incertidumbre y preocupación en este colectivo, al poner en duda la continuidad de ciertos programas y su acceso a tratamientos.

En un contexto económico y social complejo, donde la inflación y la pobreza siguen afectando a una gran parte de la población, las medidas que afectan directamente a las y los jubilados pueden tener un impacto devastador en su salud y su estabilidad. Si bien el gobierno en su discurso ha sostenido que las reformas buscan optimizar los recursos y corregir distorsiones, la realidad demuestra que las reformas propuestas en materia de salud pública pueden implicar recortes o restricciones en la cobertura de medicamentos, que son fundamentales para el tratamiento de enfermedades crónicas y el control de patologías.

La creciente precarización del acceso a medicamentos, combinada con la falta de políticas claras de protección para los jubilados, refleja una desconexión con las necesidades urgentes de quienes han trabajado toda su vida y ahora requieren de un sistema de salud que garantice su dignidad y bienestar. Si el PAMI pierde la capacidad de ofrecer medicamentos gratuitos o a precios accesibles, la situación de los jubilados empeorará, incrementando la desigualdad social y sanitaria en el país.

Desde el Centro de Estudios para la Ciudad venimos advirtiendo el impacto directo que causa el desfinanciamiento de la cobertura del PAMI en la población de jubiladas y jubilados debido al trabajo territorial que realizamos con la Comisión de Salud es por este motivo que consideramos prioritaria la puesta en marcha de políticas públicas activas que se comprometan a revertir el panorama actual.

El 11, 12 y 13 de octubre participamos en el 37° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries en San Salvador de Jujuy.

En un contexto de crisis, se erigió como una trinchera ante la era de la crueldad y el ajuste, en un momento en que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad fue cerrado y las políticas inclusivas están en peligro. En este contexto, la masiva asistencia de casi 50 mil personas, a pesar de la crisis económica, se tornó en un acto de fuerza y esperanza.

El ambiente fue mágico, y la presencia de miles de personas de todos los territorios y colectivos creó un crisol de luchas. Familias de víctimas de femicidio, madres que defendían los derechos de las infancias, movimientos sindicales y sociales, jubiladas, estudiantes universitarias, artistas, y representantes de pueblos originarios como guaraníes, kollas, quechuas, mapuches, quichuas y mayas, confluyeron en un mismo espacio. Este encuentro no solo buscó visibilizar las problemáticas que enfrentan las mujeres y las identidades no binarias en el país, sino que también se convirtió en un laboratorio de diálogo y reflexión.

A medida que avanzaban los días, se sentía el latido de la comunidad. En total, 115 talleres se llevaron a cabo, donde las participantes discutimos desde políticas públicas hasta estrategias de autoorganización. ¿Qué significa que miles de voces se unan para debatir? ¿Cuál es el sentido de marchar 35 cuadras, elevando consignas de resistencia hacia la ultraderecha?

La respuesta no se encuentra en una sola forma. Es el eco de las conversaciones que resuena en los cuerpos, el remanente de la ebullición creativa y colectiva que se genera en estos espacios. Cada voz, cada relato, cada taller se convierte en una herramienta para regresar a nuestros lugares de origen con un propósito claro: seguir construyendo la lucha por la vida, por los derechos, por la inclusión.

El encuentro fue un recordatorio de que, incluso en tiempos adversos, la solidaridad y la resistencia son más fuertes. Así, San Salvador de Jujuy se transformó no solo en un punto de encuentro, sino en un faro de esperanza y lucha, donde se tejieron las redes que sostendrán las reivindicaciones por un futuro más justo e igualitario.

Desde hace unas semanas las calles del barrio de Once que habitualmente se encontraba atestada de vendedores ambulantes, hoy se encuentran vacías. La semana del 4 de octubre con un mega operativo represivo de más de 600 agentes de la policía de la ciudad se produjeron una serie de pesquisas, allanamientos en distintos depósitos ubicados en el barrio de Once y por otro lado se levantó a los vendedores ambulantes que se encontraban en las calles del barrio. Este hecho de violencia hacia los vendedores ambulantes no es un hecho nuevo y ha sucedido en diversas zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son imágenes que nos vienen repetidas de violencia hacia los más vulnerables. Bajo el lema los "vecinos quieren recuperar el espacio público" el gobierno de la ciudad viene haciendo distintos operativos en los centros comerciales de Avellaneda (barrio de flores) y en Once.

El operativo realizado en once a principios del corriente mes ha tenido un componente adicional de violencia hacia los/las vendedores/as ambulantes de la zona. Es cierto que hace ya varios meses hay distintas asambleas de vecinos/as que reclaman por la liberación de las calles, el poder circular y disfrutar del espacio público por un lado. Y por otro que los comerciantes de la zona alegan que las tareas realizadas por estos vendedores ambulantes son "competencia desleal". Se han escuchado comentarios como "yo pago un alquiler y los impuestos". Es decir, la discusión es de clase social. Por eso mediante la presente nos preguntamos se pueden poner dos derechos en pugna?

Debemos considerar que la venta ambulante no es una actividad prohibida en nuestra ciudad, es cierto que en el barrio de Once la actividad en los últimos meses había adquirido un aumento desconmesurado y que existen situaciones que debían ser controladas y/o reguladas por las autoridades. El Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires se refiere, en su apartado N° 4.1.2, a la venta en la vía pública sin autorización. Sanciona con una multa de entre 50 y 1000 pesos, además del decomiso de las cosas, a quien venda mercaderías en la vía pública sin permiso o en infracción con la autorización otorgada, que otorga el gobierno porteño.

En el operativo mencionado se allanaron 197 depósitos buscando mercadería falsificada y se desvalijaron dichos depósitos. Entonces aquí podríamos hacer un primer paréntesis; la ilegalidad debe ser controlada por el Estado. Pero, el operativo no se quedó allí, luego de decomisar la mercadería de los depósitos, la policía de la ciudad desalojó de forma violenta a los/las vendedores/as ambulantes. Estos operativos se vienen realizando en toda la Capital Federal, se hicieron en parque centenario, la feria en retiro y en todo el resultado ha sido el mismo la violencia sobre quienes son claramente los sujetos más vulnerables.

Estos/as vendedores/as ambulantes declararon que contaban por parte del Gobierno de la Ciudad un carnet habilitante para realizar la venta ambulante. Entonces, si el mismo estado porteño les entregó autorización para trabajar, porqué luego realiza un operativo de desalojo y les decomisan la mercadería. Acá hay distintas situaciones tenemos a quienes trabajan y vieron vulnerado sus derechos y violentados por la policía de la ciudad y los que se aprovechan de dichos ciudadanos/as usufructuando su trabajo. Desde distintas organizaciones de la sociedad civil vemos con preocupación la escalada de la violencia hacia los sectores que como ellos mismos manifestaban "no son una mafia y quieren trabajar". Entendemos que no se puede cortar por el hilo más débil y que resulta necesario que desde las distintas autoridades, tanto nacionales como de la ciudad se garantice los derechos de todas y todos comenzando por los más débiles.

Es cierto que deben controlarse a quienes se organizan criminalmente y usufructúan de aquellos y aquellas que necesitan trabajar para vivir. Pero la respuesta no puede ser la violencia excesiva y el colocar a ciudadanos/as enfrentados. Acá la respuesta no es manteros si o manteros no; sino que políticas de empleo se ofrecen para garantizar que los ciudadanos y ciudadanas que habitan la ciudad no sean víctimas de abusos por parte de quienes utilizan su fuerza de trabajo para delinquir.

El Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) fue invitado a participar del acto organizado por el Frente Villero Papa Francisco, en conjunto con organizaciones de base, merenderos, comedores, clubes deportivos, centros culturales y asambleas de las villas porteñas. Este acto fue realizado el viernes 27 de setiembre a las 18 horas en el Auditorio de la Asociación de Empleados de Farmacia (Rincón 1044, CABA).

Este evento constituyó un espacio fundamental para plantear las demandas urgentes de las comunidades en la Ciudad de Buenos Aires. El Frente tiene como objetivo luchar por la paz, la justicia social y resistir ante las políticas que promueven el desmantelamiento del Estado en los barrios populares. En particular, se rechazan las políticas del actual jefe de Gobierno, Jorge Macri, y se exige un Estado presente que garantice los derechos de todas y todos en los barrios populares.

Durante el acto, al cual asistieron diputados, legisladores y comuneros, se presentó un documento elaborado por diversas comisiones del Frente Villero Papa Francisco. Este documento, fruto de un esfuerzo colectivo, plasma las demandas y propuestas de las comunidades organizadas en pos de una ciudad más inclusiva y justa.

Antes del acto, varias comisiones trabajaron intensamente para desarrollar el contenido del documento, abordando de manera integral las problemáticas que enfrentan los barrios populares. Estas comisiones son las siguientes:

Esta comisión trabaja en la promoción de la igualdad de género y el respeto a las diversidades en los barrios. Aboga por la inclusión plena de la comunidad LGBTQ+ y la erradicación de la violencia de género, que afecta principalmente a mujeres y personas trans. Exigen la implementación efectiva de laLey de Identidad de Géneroy el fortalecimiento de programas para la prevención y el acompañamiento a víctimas de violencia, así como una atención integral a las necesidades de las diversidades.

Esta comisión promueve el acceso a la cultura en los barrios como una herramienta de cohesión social y resistencia. LaComisión de Culturase enfoca en la creación de espacios culturales comunitarios, el financiamiento de proyectos artísticos y la organización de eventos que fortalezcan la identidad local. Consideran que el arte y la cultura son esenciales para la transformación social y para visibilizar la diversidad de voces presentes en los barrios.

LaComisión de Educación y Saludlucha por unaeducación públicade calidad en los barrios, con mejoras urgentes en la infraestructura escolar y la implementación de programas inclusivos. En cuanto a la salud, esta comisión exigela ampliación de los servicios de atención primariay el acceso a centros de salud en condiciones adecuadas. Consideran que la salud debe ser un derecho accesible para todos y todas, sin importar su ubicación o condición económica.

LaComisión de Migrantesse dedica a promover políticas de inclusión y regularización migratoria, garantizando que las personas migrantes accedan a derechos básicos sin discriminación. Esta comisión también combate el racismo estructural y promueve la interculturalidad, valorando la riqueza que las comunidades migrantes aportan a la vida barrial. Exigen que se respeten los derechos de todas las personas, sin importar su nacionalidad.

LaComisión de Reurbanización, Vivienda y Ambienteaborda la grave situación habitacional y ambiental de las villas porteñas. Exigen lareurbanización integral, el acceso a servicios básicos y la regularización dominial de las viviendas. Además, esta comisión lucha por políticas deprotección ambiental, buscando el saneamiento de las zonas contaminadas y la creación de espacios verdes en los barrios más afectados por la polución.

Ante lacrisis alimentariaque afecta a las familias de los barrios, laComisión de Emergencia Alimentariademanda una ampliación de los programas de asistencia por parte del gobierno de la ciudad. La comisión también busca promoverla soberanía alimentariamediante la creación de huertas comunitarias y el acceso a alimentos frescos y saludables en los comedores y merenderos barriales.

LaComisión de Trabajose enfoca en la creación deempleo dignoy la formalización del trabajo en los barrios populares. Exigen que se reconozcan los derechos de los trabajadores de la economía popular, quienes desempeñan roles esenciales en sectores como el reciclaje y la construcción. Esta comisión también lucha por políticas activas que promuevan la capacitación y la inserción laboral en empleos formales y estables.

LaComisión de Seguridadtrabaja en la prevención de la violencia en los barrios y en la promoción de unaseguridad comunitariabasada en el respeto a los derechos humanos. La comisión rechaza la criminalización de la juventud en las villas y exige políticas de seguridad que involucren a los vecinos y promuevan la resolución pacífica de conflictos. También abogan por la prevención de laviolencia institucional.

LaComisión de Adolescencia e Infanciasse dedica a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esta comisión trabaja para garantizar el acceso a la educación, la salud y espacios de recreación, a la vez que promueve laparticipación juvenilen las decisiones comunitarias. También se enfocan en laprevención de la violenciacontra la infancia y adolescencia, y en la creación de entornos seguros para su desarrollo.

Solemos pensar la gestión de residuos como un servicio público que debe brindar la municipalidad y por lo tanto, se financia a partir de impuestos que paga toda la comunidad. La recolección de la basura domiciliaria y su posterior tratamiento, son parte de la infraestructura crítica de las ciudades y su gestión adecuada es necesaria para evitar enfermedades y la contaminación del medioambiente. El peligro ecológico se debe, por ejemplo, a la emisión de contaminantes en incineradoras y basurales y también a la circulación de plásticos en bosques y océanos. De especial importancia son los materiales peligrosos que se generan en la industria y en hospitales, porque el tratamiento de los residuos químicos o radioactivos requiere medidas de cuidado muy estrictas, y en muchos casos no está resuelto qué va a suceder en el largo plazo con los depósitos de estos materiales.

La dimensión ecológica de la gestión de residuos se refleja de manera muy débil cuando nos limitamos a pensar en la recolección de basura como servicio público. Para afrontar su gestión se recaudan impuestos hacia los generadores de la basura. En la ciudad de Buenos Aires esto sucede a través de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza. Por lo tanto, el financiamiento de esta tarea está principalmente a cargo de los hogares y otros contribuyentes de la ciudad. Sin embargo, un rol importante lo juegan los grandes generadores de desechos, como son los supermercados, hoteles y centros comerciales. Estos tienen una responsabilidad particular por el volumen de la basura que generan. Tenemos que reconsiderar su participación en el financiamiento de la gestión de residuos a través de impuestos o cuotas en función de los envases. Todo impuesto tiene por lo menos dos efectos: La recaudación de fondos para el presupuesto y también la influencia sobre el comportamiento de quienes lo deben pagar. Por lo tanto, un impuesto relacionado a la basura debe diseñarse de manera tal que incentive a la población a reducir la generación de residuos y lograr un tratamiento mas eficiente desde aspectos ecológicos. En el caso de la tasa de ABL, como depende solamente del valor inmobiliario de las propiedades, no hay en ella ningún incentivo económico para reducir el volumen de basura generada, y tampoco lo hay para reutilizar envases o separar materiales. Los grandes generadores y los comerciantes que envasan productos transables, no tienen ningún incentivo adicional a minimizar el uso de materiales.

De todas formas, el análisis ecológico tiene que ir más profundo. A la hora de discutir el peligro para el medio ambiente, solemos señalar primero a los hogares como consumidores de bienes: Reduzcan, reutilicen y reciclen. Así, la separación de residuos secos y sólidos debe garantizar el reciclaje de los materiales y atenuar un poco la contaminación ambiental. También los grandes generadores como las empresas, supermercados y otras instituciones privadas deben preocuparse por un destino sustentable para su basura, colaborando por ejemplo con las cooperativas de recuperadores urbanos para la recolección de sus residuos. Sin embargo, la consigna está muy limitada. El tratamiento físico de los residuos sólidos y secos depende fundamentalmente de las propiedades materiales de los productos y sus envases: Para reciclar exitosamente materiales como los plásticos, es necesario identificar correctamente el tipo de cada material. Hay ciertas mezclas de plástico dentro del tipo 7, que no pueden ser tratados para recuperar el material. Además, es muy común el uso de uniones de papel, plástico y aluminio en los envases que también impiden el reciclaje de los materiales, porque se dificulta la separación de las componentes. Por lo tanto, debemos centrar la atención en otro agente.

Las empresas productoras de bienes transables determinan aspectos críticos de la gestión de residuos a través del diseño del producto y del envase. La vida útil de la ropa y de los dispositivos electrónicos, el volumen total de envases cuando un producto está envuelto múltiples veces, y las propiedades materiales de los envases condicionan la posibilidad de reducir la basura generada, reutilizar y recuperar materiales a través del reciclaje. Sin embargo, estos efectos de largo plazo de las decisiones empresariales, quedan a fuera de su estructura de costos. Los recursos gastados en el diseño de envases se destinan principalmente a estrategias publicitarias para generar y alentar el consumo, no para garantizar que la gestión posterior de los residuos sea exitosa en aspectos ecológicos. El enfoque para corregir esto puede ser lo que en la teoría microeconómica se denomina la “internalización de efectos externos”: Las empresas deben incorporar el costo que generan para la comunidad y para el medio ambiente en sus decisiones a través de una cuota o un impuesto. Pero también es necesario considerar en términos más generales una legislación estricta para las propiedades materiales de los envases.

Un Impuesto al volumen general de envases es necesario para reducir los incentivos a envolver innecesariamente el mismo producto en varias capas. Esto sucede, por ejemplo, cuando tenemos un paquete de galletitas que está en una bandeja envuelta en un folio que a su vez está en una bolsa más grande. Este tipo de impuestos es una herramienta que busca reducir el volumen general de los residuos, ya que se usarían menos envases para la misma cantidad de productos.

Generación de un sistema de envases estandarizados: Algunos envases como las botellas para las bebidas pueden ser reutilizadas. Un sistema de retornos incentiva a los consumidores a devolver las botellas y luego las empresas que producen bebidas las embotellan en los mismos recipientes. Pero esta idea no funciona, por ejemplo, cuando cada marca tiene diseños muy individuales con una forma propia o con el nombre grabado en la botella. Además, dependiendo del material, la reutilización de los envases puede requerir mucha energía. El uso de botellas de vidrio puede ser repetido con una mayor frecuencia que una botella de plástico, pero por el peso del vidrio se requiere más energía en el transporte de las bebidas. Estos problemas se pueden atender a través del uso de envases estandarizados: Se utilizarían botellas devueltas en la misma región de los productores, aún cuando originalmente provenían de otra zona y así se reducen ciertos caminos de transporte. De todas formas, tal sistema solo puede tener éxito si los grandes productores de bebidas participan y usan recipientes estandarizados.

Regulación del uso de materiales en los envases: Para recuperar los materiales originales del envase es necesario evitar uniones innecesarias de plásticos con papeles y aluminio para separarlos. También hay que prohibir la utilización de ciertas mezclas de plásticos del tipo 7 que no son reciclables y pueden ser contaminantes. Para que los hogares y los grandes generadores puedan separar bien la basura, necesitan transparencia para saber de qué material está hecha cada parte. Tiene que ser fácil identificar y separar las componentes, para que el proceso de reciclaje pueda ser exitoso. Además, en la actualidad, una parte importante del reciclaje en Buenos Aires la realizan las cooperativas de recuperadores urbanos. Trabajan en condiciones peligrosas y con muchos riesgos para su salud. El diseño de los envases y los productos también tiene que facilitar una separación segura de los materiales que evite riesgos innecesarios para la salud de los recuperadores.

Si bien se legislaron en el año 2005 varios aspectos importantes en la ley 1854 de basura cero, el incumplimiento sistemático de la ley y el agotamiento de los rellenos sanitarios llevó a su modificación en 2018 para habilitar de nuevo la incineración de basura. No podemos aceptar promesas de soluciones fáciles como la incineración ecológica. Es necesario volver a pensar la reducción global de la basura generada, la reutilización de envases y la recuperación de los materiales originales. La generación de la basura no comienza recién en el consumo, y el éxito de las actividades de reciclaje depende de manera crítica de los primeros pasos en la cadena de producción de los envases. Cuando pensamos la gestión de residuos, es fundamental señalar la responsabilidad de los grandes generadores y de la industria para que el proceso pueda ser exitoso en aspectos ecológicos. Estos deben participar más en el financiamiento del servicio público y tienen que adecuar el diseño de los envases a la posibilidad de recuperar los materiales originales.

CECA presenta su informe correspondiente al mes de agosto, en el cual se analizan las proyecciones y el comportamiento de la economía argentina.

Podés ver nuestro informe económico de agosto aquí.

El Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), creado en 2016, se estableció como una herramienta fundamental para recopilar datos precisos sobre las familias que habitan en los barrios más vulnerables de nuestro país. Este logro, fruto de la lucha de movimientos sociales, culminó con la sanción de la Ley 27.473 en 2018, que regula el régimen de integración socio-urbana y otorga derechos esenciales, como el certificado de vivienda familiar (CVF). Este documento permite a los habitantes de estos barrios acceder a una serie de derechos fundamentales para mejorar su calidad de vida.

Argentina se destacó a nivel mundial al implementar esta política pública, aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, en el contexto actual, estas políticas han sufrido un grave desfinanciamiento, con una alarmante reducción del FISU (Fideicomiso de Integración Socio Urbana), que pasó de percibir el 9% del Impuesto País al 1%.

Esta ley ha dignificado a las personas que viven en los barrios más carenciados del país, brindándoles un sentido de pertenencia a sus hogares y otorgándoles beneficios como el programa Mi Pieza, que ha llegado a más de 250.000 mujeres en todo el país. Gracias a un aporte económico, muchas de ellas han podido realizar mejoras, ampliaciones y reparaciones en sus viviendas.

Los efectos positivos de estas políticas públicas son evidentes, especialmente para las mujeres que accedieron a ellas. No es posible lograr una integración sin una perspectiva de género y diversidad. Este proceso debe ser progresivo, integral y participativo, donde las personas que viven en estos sectores sean las protagonistas de los cambios, fruto de decisiones políticas.

Desde el CEC, sentimos la obligación de continuar informando y luchando por los derechos de los habitantes de los barrios populares, quienes hoy en día no son una prioridad en las agendas del Gobierno Nacional ni del Gobierno de la Ciudad.

En la Ciudad de Buenos Aires, existen 49 barrios populares donde viven más de 80.000 familias. Tras seis años, el viernes 27 de septiembre de 2024, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires finalmente adhirió a la Ley Nacional 27.453 de Barrios Populares. La integración socio-urbana es una ley nacional, y ahora también es ley en la Ciudad. Hagamos que se cumpla.

La reciente publicación de los índices de pobreza e indigencia por parte del INDEC nos enfrenta con una cruda realidad: sin un programa de inversión sólido que garantice el acceso a servicios esenciales en los 6.400 barrios populares de Argentina, no será posible mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La precarización en estos sectores no se limita solo a la falta de ingresos económicos sino también a la ausencia de infraestructura y servicios básicos, que perpetúa la marginación y limita las oportunidades de desarrollo y progreso.

En el CEC, estamos convencidos de que la libertad de una persona está intrínsecamente vinculada a su derecho a un hábitat y una vivienda digna. Sin esta base fundamental, cualquier intento de integración o desarrollo resulta inútil. Cuando el Estado se retira y desfinancia políticas públicas que benefician a los barrios más vulnerables, solo consigue profundizar el abandono. En ese vacío, surgen redes paralelas, como el narcotráfico y la violencia, que afectan gravemente a las comunidades, especialmente a los jóvenes.

Un abordaje integral es la única solución viable para enfrentar este problema. Creemos firmemente que, sin un Estado presente y comprometido con los sectores más vulnerables, no habrá un camino posible hacia un futuro más justo. Hacemos un llamado a las organizaciones de la sociedad civil para que mantengan este tema en sus agendas y sigan luchando por políticas públicas que garanticen una vida digna para todas y todos.

La reciente firma de un convenio entre el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, para agilizar la expulsión de extranjeros que delinquen en Buenos Aires, ha suscitado un debate que va más allá de la seguridad. La propuesta, que busca un intercambio de datos migratorios más ágil, se inscribe en un contexto donde la seguridad pública se presenta como una prioridad indiscutible. Sin embargo, es fundamental cuestionar qué tipo de sociedad queremos construir y a qué costo.

Este acuerdo se remonta al Decreto 70/2017, impulsado por Mauricio Macri, que fue derogado en 2021. Este decreto permitía la expulsión acelerada de extranjeros con antecedentes penales, reduciendo tiempos y procesos legales. La idea de que la seguridad se protege a través de la expulsión rápida de inmigrantes suena atractiva a muchos, pero encierra riesgos serios.

Primero, es crucial recordar que el marco legal actual ya contempla mecanismos para la expulsión de inmigrantes en situaciones de irregularidad o delincuencia. La ley distingue entre residentes y no residentes, y exige que haya un proceso judicial antes de ejecutar una expulsión. Esto garantiza ciertos derechos fundamentales, algo que no debemos perder de vista en la búsqueda de una solución rápida a un problema complejo.

La seguridad no puede ser una justificación para socavar derechos humanos ni para establecer prácticas discriminatorias. Un enfoque que asocia automáticamente el delito con la nacionalidad de una persona puede conducir a estigmatizaciones y a un clima de miedo que no solo afecta a los extranjeros, sino también a la sociedad en su conjunto.

Además, la insistencia de Macri en avanzar con la "Ley de Reiterancia" para permitir que la reincidencia se considere un factor agravante en el ámbito judicial, también merece un análisis crítico. La idea de que más leyes represivas resolverán el problema de la criminalidad ignora las raíces sociales de la delincuencia, como la pobreza y la exclusión. La historia ha demostrado que la represión sin un enfoque integral tiende a fallar.

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoce derechos fundamentales para los extranjeros, garantizando su acceso a servicios públicos y su participación política. Ignorar estas garantías en favor de medidas más drásticas no solo es un retroceso en términos de derechos humanos, sino que también puede tener efectos contraproducentes a largo plazo.

En la Ciudad de Buenos Aires, un 38% de la población está compuesta por migrantes, y aproximadamente un tercio de ellos proviene del exterior. Esto incluye a personas provenientes de países limítrofes y otras regiones del mundo. Esta cifra refleja tanto la migración interna (desde otras provincias de Argentina) como la internacional, siendo este último grupo una parte significativa de los residentes extranjeros.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) divulgó los resultados finales del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 con respecto a las migraciones internacionales e internas. Según datos oficiales, el 21,7% de los migrantes del país vive en la Ciudad de Buenos Aires.

De este modo, el Censo 2022 identificó a 3.095.454 personas en viviendas particulares de la CABA. De ese número, 2.051.723 (66,3%) nacieron en suelo porteño, mientras que 624.640 (20,2%) lo hicieron en otra provincia y 419.091 (13,5%) en otro país. La seguridad es sin duda un tema esencial, pero debe ser abordado de manera equitativa y respetuosa de los derechos de todos y todas. A medida que discutimos el futuro de nuestra ciudad, es vital encontrar un equilibrio entre la protección de nuestros/as ciudadanos/as y el respeto por los derechos de quienes eligen vivir aquí. La solución no puede ser la expulsión, sino la inclusión y la construcción de un sistema que realmente garantice la seguridad y el bienestar de todos.

El tema de los alquileres en CABA 🏘️ es una preocupación compartida por muchos. Desde el Centro de Estudios de la Ciudad, armamos este sondeo rápido para conocer las experiencias de quienes alquilan en la ciudad.

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Es uno de los instrumentos normativos que permiten instrumentar el Plan Urbano Ambiental (PUA) que es la “ley marco” que define la normativa urbanística en la CABA en el marco de lo dispuesto por su Constitución en el año 1996. El Código específicamente regula usos de suelo, densidades, alturas máximas permitidas, protección del patrimonio, etc. Sin que se hayan hecho nuevas actualizaciones del PUA, se llevaron a cabo distintas modificaciones a la Ley 6099/2018 que definía el primer CU (en 2020 y en 2022), a la que se suma la que presenta en la Legislatura porteña el jefe de Gobierno Jorge Macri, en julio de 2024.

La Constitución de CABA, en su artículo 29, hace énfasis en la elaboración del PUA con “participación transdisciplinaria de las entidades académicas, profesionales y comunitarias” y la Ley 71/1998 establece que “el organismo encargado de la formulación y actualización del PUA será el Consejo del Plan Urbano Ambiental”. Por su parte, el CU es una propuesta del Ejecutivo que requiere una discusión amplia con el mismo espíritu de la planteada para PUA.

Sin embargo, la participación del Consejo Asesor del PUA fue acotada, sin que se registren observaciones ni incorporación de propuestas de organizaciones profesionales, ciudadanas o incluso alguno de los múltiples proyectos de los vecinos de distintas comunas. En contraposición a la búsqueda de consensos sociales más generales, se evidencian reuniones fragmentarias y particularizadas del Jefe de Gobierno con sectores “representativos”, destacándose las mantenidas con desarrolladores inmobiliarios o cámaras de la construcción.

La propuesta, según el planteo del Ejecutivo, busca ajustar la normativa para mejorar el desarrollo urbano en CABA en tres sentidos:

• A nivel ciudad: Impulsar el desarrollo del sur y consolidar el norte.

• A nivel barrio: Ajustar las alturas para respetar la escala barrial y proteger el patrimonio.

• A nivel manzana: Revisar los parámetros de edificabilidad y expandir el Centro Libre de Manzana, mejorando la distribución de "llenos y vacíos".

Estos objetivos, que reiteran en gran medida instancias anteriores buscan llevarse a la práctica con instrumentos que requieren una amplia discusión y precisión en su elaboración, pero que sin dudas evidencian y exacerban la idea de ciudad predominante en la CABA desde hace décadas.

• Preservación de la identidad de los barrios: La propuesta busca mantener la identidad de los barrios y proteger las zonas de baja densidad, evitando “saltos” excesivos en una misma manzana, como un más bien critico de lo sucedido en la gestión anterior y la consecuente proliferación de torres en el tejido urbano. Sin embargo, plantean una preservación “identitaria” con una lógica planteada desde las densidades “a preservar”, sin considerar otros aspectos diversos y complementarios que resulta importante incorporar.

• Consolidación del desarrollo urbano: Se pretende concentrar el desarrollo en arterias principales con infraestructura existente mediante la sustitución de la "Equivalencia de Capacidad Constructiva Transferible (ECCT)" por la "Capacidad Constructiva Adicional (CCA)". De este modo aparecen “proyectos emisores” (obras nuevas construidas en áreas de desarrollo prioritario en zona sur, o inmuebles con protección patrimonial) que generarán Capacidad Constructiva Adicional (m2) que podrán ser aprovechados en las “Parcelas Receptoras” (en zona norte). Se trata de una suerte de “transferencia orientada” de un derecho adicional de construcción a otro terreno, en un esquema de un discutible “equilibrio” entre el sur y el norte de la ciudad.

• Sustentabilidad Urbana y Calidad Ambiental: aportando a la mitigación de los efectos del cambio climático y a la adaptación de la Ciudad frente a éstos: un objetivo que sin dudas resulta ambicioso, pero no pareciera detectarse mayores precisiones en su concreción más que la ampliación de los centros de manzana (priorizando en ellos el suelo absorbente). No hay menciones explícitas a aspectos centrales que se encuentran en discusión en el urbanismo sostenible: transporte público, espacios verdes, financiamiento y promoción de la sostenibilidad ambiental en las ciudades, etc.

• Conservación del patrimonio urbano: Por un lado, amplía los inmuebles catalogados y los pone en escena como objeto de recuperación (“proyectos emisores”) pero, por otra parte, descataloga con discrecionalidad y poca profundidad de análisis otros, bajo cierta idea de eliminación de la general idea de “protección preventiva” de lo datado previo a 1941.

Desde el Centro de Estudios para la Ciudad consideramos que esta propuesta de modificación del Código Urbanístico de CABA requiere un debate profundo dadas las implicancias significativas respecto del futuro desarrollo de la ciudad, su identidad, sustentabilidad y patrimonio.