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La semana del 27 de agosto se realizó en la Facultad de Derecho de la UBA un congreso mundial de apoyos y cuidados (personas mayores) en donde participaron diversos exponentes de todo el mundo para hablar sobre los desafíos de la sociedad en la que nos encontramos, atento que el mundo está avanzando hacia un envejecimiento poblacional cada vez más marcado. Se estima que para 2050 la cifra de personas mayores alcanzará los 2.100 millones a nivel mundial. Esto quiere decir que una de cada 50 personas tendrá más de 60 años, según estimaciones de la ONU.

En ese sentido, se vienen dando distintas charlas, congresos, discusiones y posicionando en agendas a nivel internacional el tema de los cuidados de las personas mayores. Además, existe resonando una nueva teoría sobre que el futuro del trabajo girará en torno a los cuidados, dado que son actividades que difícilmente pueden ser reemplazadas por máquinas. Sobre dicha circunstancia, el economista y autor canadiense Nick Srnicek, quien recientemente estuvo en la Argentina brindando una conferencia sobre su último libro “Después del Trabajo”, se expresaba en dichos términos. Hoy, ya no se piensa como hace unos años en el “fin del trabajo” por los avances tecnológicos, sino en la transformación del trabajo como lo conocemos habitualmente.

El trabajo de cuidados será en un futuro (no tan lejano) el principal proveedor de mano de obra, por lo que se vuelve necesario que los Estados vean y diseñen políticas en torno a los cuidados en general y a las personas mayores en particular. Mantener la salud de las personas mayores es una inversión en capital humano y social, y promueve los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. El envejecimiento demográfico, mencionado precedentemente, sumado al incremento de la esperanza de vida y la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas, tiene un impacto significativo en la sociedad. Esto se traduce en mayores costos en los servicios de salud y cambios en las responsabilidades de cuidado a lo largo de las generaciones.

Mientras en nuestro país vemos políticas de ajuste en términos salariales hacia dicha población y un Estado inactivo tanto a nivel nacional como de CABA. La Ciudad de Buenos Aires en la Argentina es la ciudad más envejecida a la fecha, donde cerca de un cuarto de su población se encuentra en la categoría de persona mayor (60 años). Dentro de ese grupo poblacional, tenemos que cada 100 mujeres hay 78 hombres, lo que nos lleva a decir que la vejez tiene cara de mujer (circunstancia que no es menor). Estas personas mayores habitan en CABA en hogares multipersonales (es decir, donde en general habita más de una familia), situación que se ve mayormente en las comunas del sur de la ciudad, donde el índice etario es menor. Es decir, además de tener cara de mujer, la pobreza hace que las condiciones de vida sean peores.

Si bien la Ciudad de Buenos Aires tiene diversos programas para esta población, los mismos no son integrales, desligándose de la responsabilidad que tiene el Estado y cargando sobre las familias la responsabilidad de asumir los cuidados de quienes así lo requieran. Dicha circunstancia dista de lo que las teorías feministas vienen elaborando en torno a los cuidados, considerando al mismo inserto en una organización social del cuidado, donde todos los actores de la sociedad (Estado, mercado, familias, organizaciones de la sociedad civil) deben participar, entendiendo al cuidado desde una perspectiva de género. Desde distintos grupos de la asociación civil se vienen pensando en modelos y herramientas de políticas públicas para pensar en ese futuro que no está tan lejano.

Recordemos que en nuestro país, si bien la edad jubilatoria se encuentra a los 60 años para las mujeres y 65 para los varones, a través de una reforma que se hizo de la ley de contrato de trabajo en el año 2018, recién los empleadores pueden intimar a retirarse a la persona (si es que no quiere jubilarse) a los 70 años. Ahora bien, dicha circunstancia en la praxis no sucede y se fuerza a las personas que alcanzan la edad a jubilarse por su voluntad. Esto demuestra que alargar la edad no es una solución, sino que debe venir acompañado de otra política pública. Porque una vez jubilada, esa persona, si bien en algunos casos tiene energía ya que a los 60 años uno/a aún se encuentra activo, difícilmente pueda conseguir otro empleo formal.

Ahí es entonces, donde el Estado (tanto nacional como de la Ciudad de Buenos Aires) debería tener algún nivel de acción en generar nexos, y no solamente en realizar cursos de capacitación para la inserción laboral de esta población (existen múltiples cursos en dicho sentido para esta población). Pero, ¿qué pasa con los cuidados, más allá de aquellos/as que aún cuentan con posibilidades de prestar algún tipo de tarea? Esos cuidados recaen en las familias. Hace unas semanas participamos desde el CEC en una jornada preparatoria para el congreso que mencionaba al inicio y allí, desde nuestra participación, planteábamos un poco esto. Pero nos sorprendió la respuesta donde los panelistas (organizado por el área de GCBA que se encarga de dichas temáticas) indicaron que son las familias quienes deben ocuparse. Es decir, desligando al Estado de la Ciudad y al nacional de la obligación de tener medidas y/o acciones al respecto tanto para las personas que requieren cuidados como para las personas que trabajan en los cuidados (mayoría mujeres de 40 años en adelante precarizadas y luego de la ley bases aún más, atento que se quitaron los agravamientos indemnizatorios por la falta de registro en el estatuto de casas particulares, instrumento que las regula hoy).

Desde las organizaciones de la sociedad civil y desde quienes vienen investigando la temática, no solo en Argentina sino en distintas partes de Latinoamérica, se pone la mirada en que, para poder avanzar, se requieren políticas conjuntas, donde no sean solo las familias quienes asuman, sino que los Estados, las organizaciones de la sociedad civil, la comunidad, las empresas y las familias tienen un rol fundamental. Esto lo oímos mucho en torno al cuidado de niños/as, pero en relación a las personas mayores es una temática de la que se empieza recién en los últimos 5 años a hablar y sobre la que el mundo empieza a tomar nota. Sin ir más lejos, recientemente China estableció un seguro básico de vejez que cubre a más de 1.000 millones de personas, entendiendo que el envejecimiento poblacional es un problema del hoy y también del futuro.

Entendemos al respecto que son muchos los desafíos que existen en torno a la temática y en nuestro país en particular nos preguntamos, ¿es necesario modificar la edad jubilatoria en torno a la mejor calidad de vida? ¿De qué manera? Es claro que hoy las políticas públicas no van en esa línea a nivel nacional y tampoco en la ciudad, pero tenemos la obligación desde la sociedad civil de seguir pensando diagramas y políticas públicas de mejora de dicha ciudadanía, para poder luego llevarlas a la práctica. En otros países de Latinoamérica se ha ido avanzando en algunas ideas o proyectos, pero en general nuestros Estados tienen la problemática de que los cambios de gobierno hacen que sea un péndulo difícil de mantener. Por eso, creemos desde el CEC que la primera acción para poder avanzar es que como sociedad tomemos la bandera y lo coloquemos en agenda, organicemos debates, foros y charlas como nuestra mejor manera de contribuir.

El Gobierno plantea que pasar a la siguiente fase requiere de una enorme remonetización. Las tensiones cambiarias y lo problemático de salir del cepo tal y cual lo conocemos responden a los dólares que faltan más que a los pesos que sobran.

Si hay un hecho estilizado que caracteriza a la economía argentina durante las últimas cinco décadas es la incapacidad de sostener un régimen monetario y cambiario en el tiempo, reflejando las dificultades que históricamente hemos tenido para combinar políticas de crecimiento y empleo con la distribución del ingreso, en el marco de fuertes - y a veces violentas - tensiones de economía política.

Y si bien es cierto que parte de la inestabilidad tuvo y tiene componentes reales (efectos procíclicos de los ingresos por exportaciones), los distintos episodios de sobreendeudamiento externo y los intentos fallidos de desregulación de la cuenta capital han hecho de la cuestión externa la madre de todas las batallas, incluida la reaparición cíclica de los problemas financieros del sector público y la inflación.

Tal es así que con varios meses de superávit fiscal, Ley Bases y Pacto de Mayo adentro, y toda la deuda del Banco Central en poder del Tesoro, el Gobierno plantea ahora que pasar a una fase requiere de una remonetización tal de la economía que deje a la Base Monetaria real en los niveles previos al default de la deuda en pesos (increíble) y nuevo CEPO durante el gobierno de Mauricio Macri.

Hablamos de más de $20 billones que, cerradas una a una las canillas a la emisión, dependerán de una mayor demanda monetaria, la cual se encuentra condicionada a que la economía recupere un sendero de crecimiento y, en última instancia, a que estén los dólares que hagan viable ese sendero. En los términos de una presentación reciente de Vladimir Werning, vicepresidente del BCRA, un proceso que estiman concluya a inicios de 2027, en medio del cambio estructural que la energía y la minería suponen para con el balance de pagos.

Insistimos con algo: las tensiones cambiarias y lo problemático de salir del cepo cambiario tal y cual lo conocemos responden a los dólares que faltan más que a los pesos que sobran. Podrán seguir tirándole a los desequilibrios con mayores ajustes en los flujos de gasto, pero es tal el peso de los desajustes de stocks - generados entre otros por los procesos de sobreendeudamiento externo que mencionamos – que los condicionantes van a seguir ahí. Máxime cuando la conducta de todos aquellos que toman decisiones de ahorro e inversión de todo tipo y tamaño se ha cocinado al fuego lento de los efectos que la magnitud, duración y frecuencia de estos fenómenos ha generado en el tiempo, alterando significativamente los parámetros sobre los que opera todo el sistema a nivel macroeconómico.

Argentina enfrenta serios problemas de sus stocks financieros en moneda extranjera. El endeudamiento neto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con bonistas internacionales plantea un gran desafío para el crecimiento sostenido de largo plazo. Y a nivel agregado la fragilidad argentina no se resuelve con menos gasto o con una nueva corrección cambiaria, sino con un plan de estabilización fiscal-monetario que permita acumular reservas internacionales, detener la depreciación crónica y sentar las bases de una macroeconomía para el desarrollo, cuyo objetivo último sea el cambio estructural.

En este sentido, a la hora de delinear en particular los objetivos e instrumentos disponibles para la política monetaria, no pueden obviarse los desequilibrios provenientes de los planos externos y financieros, cuyas trayectorias estarán atravesadas tanto por el valor de exportaciones e importaciones como por las distintas decisiones de política con las cuales se busque afectar conductas a través del tiempo. No hay magia.

La estabilización permitiría ir alargando el horizonte de planeamiento. Vendría después un manejo más serio de la política fiscal, realzando el rol clave de la misma en el nivel de actividad y la redistribución de ingresos. Tasa de interés consistente con las expectativas cambiarias, manejo inteligente y macro prudencial de la cuenta capital y un plan decidido que permita dinamizar la estructura productiva. Más y mejor Estado.

CECA presenta su informe correspondiente al mes de julio, en el cual se analizan las proyecciones y el comportamiento de la economía argentina. A continuación, se destacan los puntos más relevantes:

Los niveles de la actividad económica sin tener en cuenta el sector agropecuario siguen en una recesión profunda.La proyección del EMAE para junio es de -7,1% i.a.

Debido a que el sector agropecuario muestra mejoras en el nivel de actividad, para la estimación de junio,registramos un aumento del 0,3% interanual. En este sentido, al igual que el mes anterior, no se evidencian grandes cambios en el aumento del empleo.

Las variables asociadas a la construcción acentúan su caída con tasas interanuales negativas entre el 30% y 35%.Las exportaciones siguen mostrando mejoras, principalmente en el sector agropecuario. Las importaciones siguen sin recuperarse debido al bajo nivel de actividad económica.

La inflación proyectada en julio muestra un aumento antre un 3,8% y un 4,1%.

Podés ver nuestro informe económico de julio aquí.

Desde que el PRO -Juntos por el cambio comenzó a gobernar la ciudad las políticas públicas vinculadas a la generación y cuidado del empleo sólo han reproducido las desigualdades que existen en materia territorial, género y de grupos etarios. Las brechas que existen entre el norte y el sur persisten, los y las jóvenes siguen teniendo problemas para acceder a empleos y las brechas entre mujeres y varones se sostienen. Esta situación se ve profundizada con la actual crisis que nos encontramos atravesando donde según el informe del primes trimestre (última información publicada) de la Dirección de Estadísticas y Censo de la Ciudad el desempleo de CABA se ubicó un 1,1 % por encima del del año anterior llegando al 7,5 % de los habitantes de CABA alcanzando en la zona sur de la Ciudad 10,6%. Otro dato que refleja la crisis del empleo en CABA es que existe en el primer trimestre de 2024 un aumento de la cantidad de horas semanales que trabajan los/las porteños/as. Esto claramente se encuentra vinculado a que los salarios no alcanzan y al aumento del costo de vida que según la dirección de estadísticas y censos a junio de 2024 una pareja (ambos económicamente activos) con dos hijos necesitaron de un ingreso de $1.400.000 para ser considerados clase media y de un ingreso de casi $900.000 para no ser pobre; cifra que representa un aumento del 3,5 % respecto a mayo del mismo año. Ello demuestra que hoy existe un desfasaje entre los ingresos que perciben los/las trabajadores/as de CABA (el salario mínimo vital y móvil hoy se encuentra en la suma de $234.315) y la canasta básica total (incluye alimentos y otros servicios esenciales como transporte, artículos de limpieza, expensas, tarifas de servicios públicos, salud, educación).

A pesar de ser una de las jurisdicciones con mayores recursos del país la falta de políticas activas para promover, proteger y mejorar las condiciones de empleo se evidencia a la hora de mirar las estadísticas. La población económicamente activa en CABA bajo respecto al primer trimestre de 2023 un 1,6% (esto quiere decir aquellas personas que tienen empleo o que están en búsqueda del mismo).

La situación de desempleo encuentra amplia vinculación con la caída de la actividad que en CABA durante el trimestre de 2024 fue de 6,5, la pero en los últimos cuatro años solo comparable con el primer trimestre de 2020 (pandemia mediante).

Otro dato que llama la atención es que creció un 10,3 % la población asalariada sujeta a empleo temporal, es decir que mantienen relaciones de trabajo atadas a lo que se denominan modalidades atípicas de empleo porque son por plazo determinando. Modalidades que con la sanción de la ley de bases veremos con mayor uso y abuso por parte del sector empresarial.

Decimos esto porque la mal llamada ley de bases contiene un capítulo de derecho laboral donde modifica las relaciones de trabajo en perjuicio digamos de la parte trabajadora. La misma se realizó con el supuesto objeto de mejorar las condicione de trabajo y disminuir el empleo no registrado. Pero cuando uno lee la letra fina de la norma se encuentra con que lejos de dicho objetivo el texto de la ley coloca al trabajador/a en una situación desventajosa otorgando a los empleadores que incumplen beneficios y al trabajador sin registro la imposibilidad de acceder a una jubilación. Situación que incluso empeora en las mujeres, donde la actividad mayoritariamente feminizada (servicio doméstico o de casas particulares) se encuentra altamente informalizada y sufrió una caída de un 1,6% en el último año , lo que visibiliza que la pobreza tiene cara de mujer. El empleo en casas particulares en su mayoría se encuentra atado a la situación laboral de las clases medias, con lo que el aumento del costo de vida y el aumento del desempleo generan indirectamente una caída en el empleo de casas particulares.

La quita de las multas y la condonación de deuda de aportes y contribuciones a los organismos de la seguridad social lejos de ser una solución al problema traerá mayores complicaciones tanto al trabajador/a que se encuentre sin registrar por la falta de aportes jubilatorios, como al sistema en general (dado que nos regimos por un sistema solidario) donde los aportes de los asalariados del presente cubren la jubilación de quienes se encuentran inactivos. Es decir, la condonación de multas y sanciones no solo perjudicará en un futuro al trabajador/a que preste efectivamente las tareas bajo dicha condición, sino también a la masa de jubilados/as atento que serán menores los ingresos a la caja jubilatoria. Por otra parte también se dice que perjudica a aquellos empleadores/as que cumplen con el registro laboral, ello en tanto y en cuanto resulta una suerte de competencia desleal. Entonces, dicha norma (que a la fecha de la presente nota aún se encuentra sin reglamentar) lejos de disuadir al empleador a que registre los vínculos laborales producirá un efecto de legalizar el fraude laboral. No desconocemos que la informalidad laboral es un problema previo a la ley de bases, pero entendemos que la solución no puede ser colocar al trabajador y a la masa de trabajadores (en virtud del sistema jubilatorio societario) en una situación de mayor vulnerabilidad ahora legal.

Como explicaba Scalabrini Ortiz: “Todo lo que no se legisla explícita y taxativamente en favor del más débil, queda implícitamente legislado en favor del más fuerte. No es el poderoso el que necesita el amparo legal. Él tiene su propia ley, que es su propia fuerza.”

La Ciudad lejos de realizar políticas públicas tendientes a mejorar la condición de empleo de los/las porteños/as sigue el Jefe de Gobierno porteño a raja tabla las políticas de austeridad que el Gobierno Nacional establece. Lo que como vimos se traduce en caída de la actividad, mayor desocupación y mayores índices de informalidad laboral. El desempleo actúa como disciplinador social, ante elevada situación de desempleo veremos lastimosamente con mayor habitualidad peores condiciones de trabajo y mayores niveles de informalidad. Que se encontraran potenciados por la reforma de la ley de contrato de trabajo realizada por la ley de bases que deslaboraliza las relaciones laborales y premia a los empleadores incumplidores.

El lunes 08 de julio amanecimos nuevamente con la triste noticia de que un vecino de nuestra Ciudad que estaba en situación de calle, falleció en el espacio público, esta vez, en el barrio de Congreso.

Su muerte se suma a las tres personas de igual condición que fallecieron el pasado 29 y 30 de junio, durante la alerta amarilla por bajas temperaturas, en los barrios de Retiro, Once y Palermo.

No es posible compartir los nombres ni las historias de estas personas porque el proceso de deshumanización estatal, entendido como el rechazo institucional, la violencia policial y la estigmatización social, conlleva a que no haya registro de ello.

Desde el “Centro de Estudios para la Ciudad” (CEC) convocamos a reflexionar sobres estos hechos a fin de entender que el frio no es el causante de dichas muertes, sino que son responsabilidad de la desidia estatal del Gobierno de la Ciudad.

La Dirección General de Estadísticas y Censos dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad, en el censo de 2023 –mediante el “Informe de resultados” N°1771- sostuvo que existen 3.511 personas en situación de calle, de las cuales 2.268 asisten a los paradores con subvención estatal.

CECA presenta su informe correspondiente al mes de junio, en el cual se analizan las proyecciones y el comportamiento de la economía argentina. A continuación, se destacan los puntos más relevantes:

Los niveles de actividad económica continúan sin mostrar señales de recuperación significativa. En este contexto, las exportaciones se presentan como el único componente de la demanda que registra variaciones interanuales positivas. El Índice de Inversión Proyectada (IIP) se mantiene cerca de un 25% por debajo de los valores registrados en el mismo período del año 2023, replicando la tendencia observada en abril.

El empleo asalariado registrado sigue siendo impactado negativamente por la caída del nivel de actividad. Para la estimación de mayo, se reporta una disminución interanual del 2,6%.

Las variables relacionadas con la construcción siguen mostrando tasas interanuales negativas que oscilan entre el 25% y el 30%. Asimismo, las importaciones de bienes de capital y partes y piezas de accesorios no presentan resultados positivos, mientras que las ventas de vehículos nacionales continúan en terreno negativo. Se sostiene la caída en la industria, manufactura y consumo

La inflación proyectada para junio muestra un incremento del 4,9%. Aunque la inflación núcleo se estabiliza en torno al 4%, los precios regulados podrían influir al alza en el índice general.

Podés ver nuestro informe económico de junio aquí.

Los comedores populares desempeñan un rol vital en las comunidades de todo nuestro país. Estos espacios ofrecen alimento a personas que enfrentan dificultades económicas, brindando un apoyo fundamental para cubrir necesidades básicas. No solo proporcionan comida, sino que también funcionan como centros de encuentro y solidaridad, donde se fortalecen los lazos comunitarios y se ofrecen servicios complementarios de asistencia social y educativa.

Es imperativo reconocer la importancia de los comedores populares como mecanismos de protección social que complementan las políticas estatales de asistencia alimentaria. Alivian la carga económica de quienes luchan por llegar a fin de mes y ofrecen un refugio de solidaridad y apoyo emocional en momentos de dificultad.

El derecho a la alimentación es un derecho supralegal reconocido por nuestra Constitución Nacional y diversos tratados con jerarquía constitucional. Esto obliga al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para su regulación, educación e implementación, y a garantizar la posibilidad de defensa frente a acciones u omisiones estatales que impidan el acceso a este derecho.

El recorte del aporte estatal a los comedores populares representa un golpe duro para quienes dependen de estos recursos para alimentarse diariamente. En el país hay 34.782 comedores registrados, y en la Ciudad de Buenos Aires, según datos de 2021 del gobierno de la ciudad, se registran un total de 916. Sin recursos por parte del Estado Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, los comedores buscan el apoyo y solidaridad en sus vecinos, o en la colaboración de alguna ONG, logrando cubrir solo una fracción de lo necesario para ayudar a quienes más lo necesitan.

Las medidas implementadas recientemente por el gobierno nacional han llevado a una mayor precariedad y vulnerabilidad, exacerbando la desigualdad social y aumentando el riesgo de malnutrición y otros problemas de salud asociados con la falta de acceso a alimentos adecuados.

Es vital recordar que la mayoría de los comedores se encuentran en barrios vulnerables y villas de todo el territorio nacional. Durante la pandemia de COVID-19, la situación de vulnerabilidad y exclusión se ha agravado. La situación económica del país ha llevado a muchas familias a la pobreza, y estas buscan diariamente lugares dónde recibir un plato de comida.

Según datos del INDEC de marzo de este año, el porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 41,7%, y de estas, un 11,9% están bajo la línea de indigencia. Estos datos reflejan la urgencia de la crisis alimentaria que atraviesa Argentina.

En lugar de recortar el aporte estatal, es fundamental que los gobiernos refuercen su compromiso con la seguridad alimentaria y el bienestar de sus ciudadanos. Esto implica mantener y fortalecer los programas de apoyo a los comedores populares e implementar políticas integrales que aborden las causas subyacentes de la pobreza y la exclusión social.

El derecho a la alimentación está indisolublemente ligado a la subsistencia humana y debe ser tutelado por todos los medios posibles, con una acción rápida y eficaz por parte del Estado.

En conclusión, los comedores populares desempeñan un papel crucial en la protección y el bienestar de las comunidades más necesitadas. Cualquier recorte en la ayuda estatal a estos espacios afecta no solo a quienes dependen de ellos para subsistir, sino que también representa un retroceso en los esfuerzos por construir una sociedad más justa, inclusiva y socialmente igualitaria. Es responsabilidad de los gobiernos garantizar el acceso universal a una alimentación adecuada y digna. En este sentido, los comedores populares son un componente esencial en la realización de este objetivo.

La economía argentina se enfrenta a un año desafiante, con una estimada caída del 4,5% en el Producto Bruto Interno (PBI) para 2024. Este descenso viene acompañado de significativos retrocesos en el consumo (-4,1%) y la inversión (-10,1%).

La situación económica es crítica, con una disminución generalizada en todos los sectores y una inversión en los niveles más bajos de los últimos 24 meses. Además, el empleo privado muestra una reducción del 2,8% interanual.

El gasto público también se contrae, afectando la recaudación de impuestos y aumentando la dependencia del impuesto PAIS. El gobierno enfrenta dificultades en la transición hacia un plan de estabilización, mientras la economía intenta recuperar su crecimiento en medio de grandes incertidumbres.

Podés ver nuestro informe económico de mayo aquí.

Esta tarde nos reunimos con referentes de distintos comedores de la Provincia de Buenos Aires, con la finalidad de coordinar distintas charlas y talleres de capacitación relacionados a las temáticas de educación financiera, género, seguridad y formación laboral.

El objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030 (ODS) plantea “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. Bajo este Objetivo se encuentra el garantizar por parte de los gobiernos nacionales el financiamiento para aumentar el número de docentes, mejorar la infraestructura escolar básica y adoptar la transformación digital.

Por otra parte, nuestra legislación en la Ley 26.206 de Educación Nacional (LEN) establece que el Estado debe garantizar las condiciones materiales y culturales para que las y los estudiantes alcancen aprendizajes comunes y de buena calidad sin distinciones de origen social, radicación geográfica, género o identidad cultural. En este marco, la Resolución Ministerial N° 3345 el 12 de noviembre de 2021 creó el programa “Libros para Aprender”, que busca colaborar en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje de niñas, niños y jóvenes en Argentina.

Este Programa se implementa mediante la modalidad de entrega “uno a uno” de libros a las y los estudiantes y que los libros les pertenecen para ser utilizados en el aula con sus docentes y en el ámbito de sus hogares. Así es que, especialistas designados por las máximas autoridades educativas de las 24 jurisdicciones del país, en un proceso federal y transparente evalúa los contenidos de los materiales de acuerdo con sus respectivas necesidades. Por otra parte, se realiza una convocatoria abierta con amplia difusión para que todas las editoriales que deseen participar puedan presentar sus materiales de acuerdo con los requerimientos. De esta manera, a través de instancias democráticas, de consensos y acuerdos federales, el Estado nacional garantiza el acceso a materiales de lectura para las niñeces y juventudes de manera gratuita. Durante el 2023, mediante el Programa se entregaron un total de 11.533.556 libros educativos para el nivel primario y 4.226.782 libros para nivel secundario.

En el contexto actual con el desfinanciamiento del programa y la no entrega de materiales a estudiantes y docentes, nuevamente queda en manos únicamente de quienes tienen los recursos económicos para acceder a libros, y en el mercado de las editoriales quienes definen de manera arbitraria los contenidos para la educación.

Estimados miembros de la comunidad,

Nos encontramos próximos a una nueva conmemoración del 24 de marzo, desde la Asociación Civil Centro de Estudios para la Ciudad queremos reflexionar sobre la importancia de hacer memoria y visibilizar esta fecha para la historia de nuestro país.

El 24 de marzo representa una fecha crucial de nuestra historia, marcada por el Golpe de Estado de 1976 y el inicio de una de las épocas más oscuras que atravesó nuestra nación.

Hoy más que nunca creemos en la importancia de volver al presente a todas aquellas personas que fueron víctimas del accionar terrorista y genocida de la dictadura cívico militar. Recordar a los y las 30.000 detenidos/as desaparecidos/as y a todas aquellas personas que sobrevivieron e iniciaron la construcción del camino de la verdad y la justicia.

Es necesario continuar con esta búsqueda de memoria, verdad y justicia para todas aquellas personas que sufrieron violaciones a los derechos humanos y enarbolar más que nunca estas consignas en su conjunto en pos de pensar para y en una sociedad que no vuelva a repetir su historia. La memoria es el pilar fundamental para construir una sociedad más justa y democrática. Es nuestro deber mantener vigente la memoria de aquellos/as que lucharon por una sociedad más igualitaria, más justa e inclusiva.

En este día, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, la justicia social, la verdad y la democracia. Es un momento para reflexionar sobre nuestro pasado, aprender de él y trabajar juntos para construir un futuro en el que prevalezcan la igualdad, la equidad, la justicia y el respeto por los derechos de todos y todas.

¡Nunca más terrorismo de Estado!

Atentamente,

Centro de Estudios para la Ciudad