Actualidad

El pasado 02 de diciembre el gobierno informó cambios significativos en la cobertura de medicamentos para los jubilados. En los últimos meses, el sistema de cobertura del PAMI viene transitando modificaciones en detrimento de los derechos de sus afiliados, reflejo de las tensiones económicas y políticas de ajustes que atraviesan el país. Es importante destacar que desde su implementación en 2020, el programa de medicamentos gratuitos se consolidó como una herramienta esencial para proteger los ingresos de las y los jubilados, especialmente frente a la creciente inflación. Sin embargo, desde fines de 2023 y durante 2024, la situación ha comenzado a deteriorarse considerablemente, poniendo en jaque el acceso equitativo a la salud.

Entre los cambios destacados, el organismo redujo su vademécum, excluyendo 44 medicamentos que antes estaban cubiertos al 100%. Esto afectó principalmente a tratamientos para enfermedades crónicas y productos básicos, lo que ha generado malestar y protestas entre las y los jubilados, así como una notable presión económica sobre este sector de la población.

Actualmente, el PAMI mantiene una cobertura del 100% para medicamentos esenciales como insulinas, hipoglucemiantes, tratamientos oncológicos y medicamentos antirretrovirales. Sin embargo, la cobertura parcial (entre el 50% y el 80%) para otros medicamentos esenciales obliga a muchos jubilados a destinar una porción considerable de sus ingresos a tratamientos antes cubiertos. Además, los precios de los medicamentos han aumentado significativamente, con incrementos interanuales que en algunos casos superan el 24%, desfasados respecto al ajuste en las jubilaciones mínimas.

Los aumentos en los precios de los medicamentos han sido alarmantes. En el tercer trimestre de 2024, los incrementos interanuales oscilaron entre 24% y 322% dependiendo de los productos, exacerbando la carga económica para las y los jubilados que ya enfrentan jubilaciones mínimas insuficientes.

En nuestra Constitución Nacional el artículo 14 bis establece que el trabajo y la seguridad social son derechos protegidos por el Estado. En cuanto a la seguridad social, señala que debe ser integral e irrenunciable. Para las y los jubilados, este artículo implica que el sistema preventivo y de salud debe garantizarles una cobertura médica adecuada que incluya acceso a tratamientos y medicamentos necesarios. El concepto de "integral e irrenunciable" refuerza que estas prestaciones no pueden ser disminuidas o condicionadas por circunstancias económicas y menos aún por decisiones de los gobiernos de turno. Asimismo, el artículo 42 establece derechos relacionados con los consumidores y usuarios de bienes y servicios, indicando que tienen derecho a una protección adecuada de su salud, seguridad e intereses económicos. También dispone que los poderes públicos deben garantizar la calidad y eficiencia en la prestación de esos servicios.

En el caso de los jubilados, este artículo subraya la obligación del Estado de supervisar que los servicios de salud, como los brindados por el PAMI, sean accesibles, de calidad y cumplan con los estándares necesarios para proteger su bienestar físico y económico.

La cobertura de medicamentos por parte del PAMI ha sido históricamente un pilar fundamental para la protección de la salud de las y los jubilados en Argentina, un sector vulnerable que depende de estos servicios para garantizar su bienestar y calidad de vida. Sin embargo, las políticas adoptadas por el gobierno de Javier Milei han generado un escenario de incertidumbre y preocupación en este colectivo, al poner en duda la continuidad de ciertos programas y su acceso a tratamientos.

En un contexto económico y social complejo, donde la inflación y la pobreza siguen afectando a una gran parte de la población, las medidas que afectan directamente a las y los jubilados pueden tener un impacto devastador en su salud y su estabilidad. Si bien el gobierno en su discurso ha sostenido que las reformas buscan optimizar los recursos y corregir distorsiones, la realidad demuestra que las reformas propuestas en materia de salud pública pueden implicar recortes o restricciones en la cobertura de medicamentos, que son fundamentales para el tratamiento de enfermedades crónicas y el control de patologías.

La creciente precarización del acceso a medicamentos, combinada con la falta de políticas claras de protección para los jubilados, refleja una desconexión con las necesidades urgentes de quienes han trabajado toda su vida y ahora requieren de un sistema de salud que garantice su dignidad y bienestar. Si el PAMI pierde la capacidad de ofrecer medicamentos gratuitos o a precios accesibles, la situación de los jubilados empeorará, incrementando la desigualdad social y sanitaria en el país.

Desde el Centro de Estudios para la Ciudad venimos advirtiendo el impacto directo que causa el desfinanciamiento de la cobertura del PAMI en la población de jubiladas y jubilados debido al trabajo territorial que realizamos con la Comisión de Salud es por este motivo que consideramos prioritaria la puesta en marcha de políticas públicas activas que se comprometan a revertir el panorama actual.

Desde hace unas semanas las calles del barrio de Once que habitualmente se encontraba atestada de vendedores ambulantes, hoy se encuentran vacías. La semana del 4 de octubre con un mega operativo represivo de más de 600 agentes de la policía de la ciudad se produjeron una serie de pesquisas, allanamientos en distintos depósitos ubicados en el barrio de Once y por otro lado se levantó a los vendedores ambulantes que se encontraban en las calles del barrio. Este hecho de violencia hacia los vendedores ambulantes no es un hecho nuevo y ha sucedido en diversas zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son imágenes que nos vienen repetidas de violencia hacia los más vulnerables. Bajo el lema los "vecinos quieren recuperar el espacio público" el gobierno de la ciudad viene haciendo distintos operativos en los centros comerciales de Avellaneda (barrio de flores) y en Once.

El operativo realizado en once a principios del corriente mes ha tenido un componente adicional de violencia hacia los/las vendedores/as ambulantes de la zona. Es cierto que hace ya varios meses hay distintas asambleas de vecinos/as que reclaman por la liberación de las calles, el poder circular y disfrutar del espacio público por un lado. Y por otro que los comerciantes de la zona alegan que las tareas realizadas por estos vendedores ambulantes son "competencia desleal". Se han escuchado comentarios como "yo pago un alquiler y los impuestos". Es decir, la discusión es de clase social. Por eso mediante la presente nos preguntamos se pueden poner dos derechos en pugna?

Debemos considerar que la venta ambulante no es una actividad prohibida en nuestra ciudad, es cierto que en el barrio de Once la actividad en los últimos meses había adquirido un aumento desconmesurado y que existen situaciones que debían ser controladas y/o reguladas por las autoridades. El Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires se refiere, en su apartado N° 4.1.2, a la venta en la vía pública sin autorización. Sanciona con una multa de entre 50 y 1000 pesos, además del decomiso de las cosas, a quien venda mercaderías en la vía pública sin permiso o en infracción con la autorización otorgada, que otorga el gobierno porteño.

En el operativo mencionado se allanaron 197 depósitos buscando mercadería falsificada y se desvalijaron dichos depósitos. Entonces aquí podríamos hacer un primer paréntesis; la ilegalidad debe ser controlada por el Estado. Pero, el operativo no se quedó allí, luego de decomisar la mercadería de los depósitos, la policía de la ciudad desalojó de forma violenta a los/las vendedores/as ambulantes. Estos operativos se vienen realizando en toda la Capital Federal, se hicieron en parque centenario, la feria en retiro y en todo el resultado ha sido el mismo la violencia sobre quienes son claramente los sujetos más vulnerables.

Estos/as vendedores/as ambulantes declararon que contaban por parte del Gobierno de la Ciudad un carnet habilitante para realizar la venta ambulante. Entonces, si el mismo estado porteño les entregó autorización para trabajar, porqué luego realiza un operativo de desalojo y les decomisan la mercadería. Acá hay distintas situaciones tenemos a quienes trabajan y vieron vulnerado sus derechos y violentados por la policía de la ciudad y los que se aprovechan de dichos ciudadanos/as usufructuando su trabajo. Desde distintas organizaciones de la sociedad civil vemos con preocupación la escalada de la violencia hacia los sectores que como ellos mismos manifestaban "no son una mafia y quieren trabajar". Entendemos que no se puede cortar por el hilo más débil y que resulta necesario que desde las distintas autoridades, tanto nacionales como de la ciudad se garantice los derechos de todas y todos comenzando por los más débiles.

Es cierto que deben controlarse a quienes se organizan criminalmente y usufructúan de aquellos y aquellas que necesitan trabajar para vivir. Pero la respuesta no puede ser la violencia excesiva y el colocar a ciudadanos/as enfrentados. Acá la respuesta no es manteros si o manteros no; sino que políticas de empleo se ofrecen para garantizar que los ciudadanos y ciudadanas que habitan la ciudad no sean víctimas de abusos por parte de quienes utilizan su fuerza de trabajo para delinquir.

Solemos pensar la gestión de residuos como un servicio público que debe brindar la municipalidad y por lo tanto, se financia a partir de impuestos que paga toda la comunidad. La recolección de la basura domiciliaria y su posterior tratamiento, son parte de la infraestructura crítica de las ciudades y su gestión adecuada es necesaria para evitar enfermedades y la contaminación del medioambiente. El peligro ecológico se debe, por ejemplo, a la emisión de contaminantes en incineradoras y basurales y también a la circulación de plásticos en bosques y océanos. De especial importancia son los materiales peligrosos que se generan en la industria y en hospitales, porque el tratamiento de los residuos químicos o radioactivos requiere medidas de cuidado muy estrictas, y en muchos casos no está resuelto qué va a suceder en el largo plazo con los depósitos de estos materiales.

La dimensión ecológica de la gestión de residuos se refleja de manera muy débil cuando nos limitamos a pensar en la recolección de basura como servicio público. Para afrontar su gestión se recaudan impuestos hacia los generadores de la basura. En la ciudad de Buenos Aires esto sucede a través de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza. Por lo tanto, el financiamiento de esta tarea está principalmente a cargo de los hogares y otros contribuyentes de la ciudad. Sin embargo, un rol importante lo juegan los grandes generadores de desechos, como son los supermercados, hoteles y centros comerciales. Estos tienen una responsabilidad particular por el volumen de la basura que generan. Tenemos que reconsiderar su participación en el financiamiento de la gestión de residuos a través de impuestos o cuotas en función de los envases. Todo impuesto tiene por lo menos dos efectos: La recaudación de fondos para el presupuesto y también la influencia sobre el comportamiento de quienes lo deben pagar. Por lo tanto, un impuesto relacionado a la basura debe diseñarse de manera tal que incentive a la población a reducir la generación de residuos y lograr un tratamiento mas eficiente desde aspectos ecológicos. En el caso de la tasa de ABL, como depende solamente del valor inmobiliario de las propiedades, no hay en ella ningún incentivo económico para reducir el volumen de basura generada, y tampoco lo hay para reutilizar envases o separar materiales. Los grandes generadores y los comerciantes que envasan productos transables, no tienen ningún incentivo adicional a minimizar el uso de materiales.

De todas formas, el análisis ecológico tiene que ir más profundo. A la hora de discutir el peligro para el medio ambiente, solemos señalar primero a los hogares como consumidores de bienes: Reduzcan, reutilicen y reciclen. Así, la separación de residuos secos y sólidos debe garantizar el reciclaje de los materiales y atenuar un poco la contaminación ambiental. También los grandes generadores como las empresas, supermercados y otras instituciones privadas deben preocuparse por un destino sustentable para su basura, colaborando por ejemplo con las cooperativas de recuperadores urbanos para la recolección de sus residuos. Sin embargo, la consigna está muy limitada. El tratamiento físico de los residuos sólidos y secos depende fundamentalmente de las propiedades materiales de los productos y sus envases: Para reciclar exitosamente materiales como los plásticos, es necesario identificar correctamente el tipo de cada material. Hay ciertas mezclas de plástico dentro del tipo 7, que no pueden ser tratados para recuperar el material. Además, es muy común el uso de uniones de papel, plástico y aluminio en los envases que también impiden el reciclaje de los materiales, porque se dificulta la separación de las componentes. Por lo tanto, debemos centrar la atención en otro agente.

Las empresas productoras de bienes transables determinan aspectos críticos de la gestión de residuos a través del diseño del producto y del envase. La vida útil de la ropa y de los dispositivos electrónicos, el volumen total de envases cuando un producto está envuelto múltiples veces, y las propiedades materiales de los envases condicionan la posibilidad de reducir la basura generada, reutilizar y recuperar materiales a través del reciclaje. Sin embargo, estos efectos de largo plazo de las decisiones empresariales, quedan a fuera de su estructura de costos. Los recursos gastados en el diseño de envases se destinan principalmente a estrategias publicitarias para generar y alentar el consumo, no para garantizar que la gestión posterior de los residuos sea exitosa en aspectos ecológicos. El enfoque para corregir esto puede ser lo que en la teoría microeconómica se denomina la “internalización de efectos externos”: Las empresas deben incorporar el costo que generan para la comunidad y para el medio ambiente en sus decisiones a través de una cuota o un impuesto. Pero también es necesario considerar en términos más generales una legislación estricta para las propiedades materiales de los envases.

Un Impuesto al volumen general de envases es necesario para reducir los incentivos a envolver innecesariamente el mismo producto en varias capas. Esto sucede, por ejemplo, cuando tenemos un paquete de galletitas que está en una bandeja envuelta en un folio que a su vez está en una bolsa más grande. Este tipo de impuestos es una herramienta que busca reducir el volumen general de los residuos, ya que se usarían menos envases para la misma cantidad de productos.

Generación de un sistema de envases estandarizados: Algunos envases como las botellas para las bebidas pueden ser reutilizadas. Un sistema de retornos incentiva a los consumidores a devolver las botellas y luego las empresas que producen bebidas las embotellan en los mismos recipientes. Pero esta idea no funciona, por ejemplo, cuando cada marca tiene diseños muy individuales con una forma propia o con el nombre grabado en la botella. Además, dependiendo del material, la reutilización de los envases puede requerir mucha energía. El uso de botellas de vidrio puede ser repetido con una mayor frecuencia que una botella de plástico, pero por el peso del vidrio se requiere más energía en el transporte de las bebidas. Estos problemas se pueden atender a través del uso de envases estandarizados: Se utilizarían botellas devueltas en la misma región de los productores, aún cuando originalmente provenían de otra zona y así se reducen ciertos caminos de transporte. De todas formas, tal sistema solo puede tener éxito si los grandes productores de bebidas participan y usan recipientes estandarizados.

Regulación del uso de materiales en los envases: Para recuperar los materiales originales del envase es necesario evitar uniones innecesarias de plásticos con papeles y aluminio para separarlos. También hay que prohibir la utilización de ciertas mezclas de plásticos del tipo 7 que no son reciclables y pueden ser contaminantes. Para que los hogares y los grandes generadores puedan separar bien la basura, necesitan transparencia para saber de qué material está hecha cada parte. Tiene que ser fácil identificar y separar las componentes, para que el proceso de reciclaje pueda ser exitoso. Además, en la actualidad, una parte importante del reciclaje en Buenos Aires la realizan las cooperativas de recuperadores urbanos. Trabajan en condiciones peligrosas y con muchos riesgos para su salud. El diseño de los envases y los productos también tiene que facilitar una separación segura de los materiales que evite riesgos innecesarios para la salud de los recuperadores.

Si bien se legislaron en el año 2005 varios aspectos importantes en la ley 1854 de basura cero, el incumplimiento sistemático de la ley y el agotamiento de los rellenos sanitarios llevó a su modificación en 2018 para habilitar de nuevo la incineración de basura. No podemos aceptar promesas de soluciones fáciles como la incineración ecológica. Es necesario volver a pensar la reducción global de la basura generada, la reutilización de envases y la recuperación de los materiales originales. La generación de la basura no comienza recién en el consumo, y el éxito de las actividades de reciclaje depende de manera crítica de los primeros pasos en la cadena de producción de los envases. Cuando pensamos la gestión de residuos, es fundamental señalar la responsabilidad de los grandes generadores y de la industria para que el proceso pueda ser exitoso en aspectos ecológicos. Estos deben participar más en el financiamiento del servicio público y tienen que adecuar el diseño de los envases a la posibilidad de recuperar los materiales originales.

El Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), creado en 2016, se estableció como una herramienta fundamental para recopilar datos precisos sobre las familias que habitan en los barrios más vulnerables de nuestro país. Este logro, fruto de la lucha de movimientos sociales, culminó con la sanción de la Ley 27.473 en 2018, que regula el régimen de integración socio-urbana y otorga derechos esenciales, como el certificado de vivienda familiar (CVF). Este documento permite a los habitantes de estos barrios acceder a una serie de derechos fundamentales para mejorar su calidad de vida.

Argentina se destacó a nivel mundial al implementar esta política pública, aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, en el contexto actual, estas políticas han sufrido un grave desfinanciamiento, con una alarmante reducción del FISU (Fideicomiso de Integración Socio Urbana), que pasó de percibir el 9% del Impuesto País al 1%.

Esta ley ha dignificado a las personas que viven en los barrios más carenciados del país, brindándoles un sentido de pertenencia a sus hogares y otorgándoles beneficios como el programa Mi Pieza, que ha llegado a más de 250.000 mujeres en todo el país. Gracias a un aporte económico, muchas de ellas han podido realizar mejoras, ampliaciones y reparaciones en sus viviendas.

Los efectos positivos de estas políticas públicas son evidentes, especialmente para las mujeres que accedieron a ellas. No es posible lograr una integración sin una perspectiva de género y diversidad. Este proceso debe ser progresivo, integral y participativo, donde las personas que viven en estos sectores sean las protagonistas de los cambios, fruto de decisiones políticas.

Desde el CEC, sentimos la obligación de continuar informando y luchando por los derechos de los habitantes de los barrios populares, quienes hoy en día no son una prioridad en las agendas del Gobierno Nacional ni del Gobierno de la Ciudad.

En la Ciudad de Buenos Aires, existen 49 barrios populares donde viven más de 80.000 familias. Tras seis años, el viernes 27 de septiembre de 2024, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires finalmente adhirió a la Ley Nacional 27.453 de Barrios Populares. La integración socio-urbana es una ley nacional, y ahora también es ley en la Ciudad. Hagamos que se cumpla.

La reciente publicación de los índices de pobreza e indigencia por parte del INDEC nos enfrenta con una cruda realidad: sin un programa de inversión sólido que garantice el acceso a servicios esenciales en los 6.400 barrios populares de Argentina, no será posible mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La precarización en estos sectores no se limita solo a la falta de ingresos económicos sino también a la ausencia de infraestructura y servicios básicos, que perpetúa la marginación y limita las oportunidades de desarrollo y progreso.

En el CEC, estamos convencidos de que la libertad de una persona está intrínsecamente vinculada a su derecho a un hábitat y una vivienda digna. Sin esta base fundamental, cualquier intento de integración o desarrollo resulta inútil. Cuando el Estado se retira y desfinancia políticas públicas que benefician a los barrios más vulnerables, solo consigue profundizar el abandono. En ese vacío, surgen redes paralelas, como el narcotráfico y la violencia, que afectan gravemente a las comunidades, especialmente a los jóvenes.

Un abordaje integral es la única solución viable para enfrentar este problema. Creemos firmemente que, sin un Estado presente y comprometido con los sectores más vulnerables, no habrá un camino posible hacia un futuro más justo. Hacemos un llamado a las organizaciones de la sociedad civil para que mantengan este tema en sus agendas y sigan luchando por políticas públicas que garanticen una vida digna para todas y todos.

La reciente firma de un convenio entre el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, para agilizar la expulsión de extranjeros que delinquen en Buenos Aires, ha suscitado un debate que va más allá de la seguridad. La propuesta, que busca un intercambio de datos migratorios más ágil, se inscribe en un contexto donde la seguridad pública se presenta como una prioridad indiscutible. Sin embargo, es fundamental cuestionar qué tipo de sociedad queremos construir y a qué costo.

Este acuerdo se remonta al Decreto 70/2017, impulsado por Mauricio Macri, que fue derogado en 2021. Este decreto permitía la expulsión acelerada de extranjeros con antecedentes penales, reduciendo tiempos y procesos legales. La idea de que la seguridad se protege a través de la expulsión rápida de inmigrantes suena atractiva a muchos, pero encierra riesgos serios.

Primero, es crucial recordar que el marco legal actual ya contempla mecanismos para la expulsión de inmigrantes en situaciones de irregularidad o delincuencia. La ley distingue entre residentes y no residentes, y exige que haya un proceso judicial antes de ejecutar una expulsión. Esto garantiza ciertos derechos fundamentales, algo que no debemos perder de vista en la búsqueda de una solución rápida a un problema complejo.

La seguridad no puede ser una justificación para socavar derechos humanos ni para establecer prácticas discriminatorias. Un enfoque que asocia automáticamente el delito con la nacionalidad de una persona puede conducir a estigmatizaciones y a un clima de miedo que no solo afecta a los extranjeros, sino también a la sociedad en su conjunto.

Además, la insistencia de Macri en avanzar con la "Ley de Reiterancia" para permitir que la reincidencia se considere un factor agravante en el ámbito judicial, también merece un análisis crítico. La idea de que más leyes represivas resolverán el problema de la criminalidad ignora las raíces sociales de la delincuencia, como la pobreza y la exclusión. La historia ha demostrado que la represión sin un enfoque integral tiende a fallar.

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoce derechos fundamentales para los extranjeros, garantizando su acceso a servicios públicos y su participación política. Ignorar estas garantías en favor de medidas más drásticas no solo es un retroceso en términos de derechos humanos, sino que también puede tener efectos contraproducentes a largo plazo.

En la Ciudad de Buenos Aires, un 38% de la población está compuesta por migrantes, y aproximadamente un tercio de ellos proviene del exterior. Esto incluye a personas provenientes de países limítrofes y otras regiones del mundo. Esta cifra refleja tanto la migración interna (desde otras provincias de Argentina) como la internacional, siendo este último grupo una parte significativa de los residentes extranjeros.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) divulgó los resultados finales del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 con respecto a las migraciones internacionales e internas. Según datos oficiales, el 21,7% de los migrantes del país vive en la Ciudad de Buenos Aires.

De este modo, el Censo 2022 identificó a 3.095.454 personas en viviendas particulares de la CABA. De ese número, 2.051.723 (66,3%) nacieron en suelo porteño, mientras que 624.640 (20,2%) lo hicieron en otra provincia y 419.091 (13,5%) en otro país. La seguridad es sin duda un tema esencial, pero debe ser abordado de manera equitativa y respetuosa de los derechos de todos y todas. A medida que discutimos el futuro de nuestra ciudad, es vital encontrar un equilibrio entre la protección de nuestros/as ciudadanos/as y el respeto por los derechos de quienes eligen vivir aquí. La solución no puede ser la expulsión, sino la inclusión y la construcción de un sistema que realmente garantice la seguridad y el bienestar de todos.

Es uno de los instrumentos normativos que permiten instrumentar el Plan Urbano Ambiental (PUA) que es la “ley marco” que define la normativa urbanística en la CABA en el marco de lo dispuesto por su Constitución en el año 1996. El Código específicamente regula usos de suelo, densidades, alturas máximas permitidas, protección del patrimonio, etc. Sin que se hayan hecho nuevas actualizaciones del PUA, se llevaron a cabo distintas modificaciones a la Ley 6099/2018 que definía el primer CU (en 2020 y en 2022), a la que se suma la que presenta en la Legislatura porteña el jefe de Gobierno Jorge Macri, en julio de 2024.

La Constitución de CABA, en su artículo 29, hace énfasis en la elaboración del PUA con “participación transdisciplinaria de las entidades académicas, profesionales y comunitarias” y la Ley 71/1998 establece que “el organismo encargado de la formulación y actualización del PUA será el Consejo del Plan Urbano Ambiental”. Por su parte, el CU es una propuesta del Ejecutivo que requiere una discusión amplia con el mismo espíritu de la planteada para PUA.

Sin embargo, la participación del Consejo Asesor del PUA fue acotada, sin que se registren observaciones ni incorporación de propuestas de organizaciones profesionales, ciudadanas o incluso alguno de los múltiples proyectos de los vecinos de distintas comunas. En contraposición a la búsqueda de consensos sociales más generales, se evidencian reuniones fragmentarias y particularizadas del Jefe de Gobierno con sectores “representativos”, destacándose las mantenidas con desarrolladores inmobiliarios o cámaras de la construcción.

La propuesta, según el planteo del Ejecutivo, busca ajustar la normativa para mejorar el desarrollo urbano en CABA en tres sentidos:

• A nivel ciudad: Impulsar el desarrollo del sur y consolidar el norte.

• A nivel barrio: Ajustar las alturas para respetar la escala barrial y proteger el patrimonio.

• A nivel manzana: Revisar los parámetros de edificabilidad y expandir el Centro Libre de Manzana, mejorando la distribución de "llenos y vacíos".

Estos objetivos, que reiteran en gran medida instancias anteriores buscan llevarse a la práctica con instrumentos que requieren una amplia discusión y precisión en su elaboración, pero que sin dudas evidencian y exacerban la idea de ciudad predominante en la CABA desde hace décadas.

• Preservación de la identidad de los barrios: La propuesta busca mantener la identidad de los barrios y proteger las zonas de baja densidad, evitando “saltos” excesivos en una misma manzana, como un más bien critico de lo sucedido en la gestión anterior y la consecuente proliferación de torres en el tejido urbano. Sin embargo, plantean una preservación “identitaria” con una lógica planteada desde las densidades “a preservar”, sin considerar otros aspectos diversos y complementarios que resulta importante incorporar.

• Consolidación del desarrollo urbano: Se pretende concentrar el desarrollo en arterias principales con infraestructura existente mediante la sustitución de la "Equivalencia de Capacidad Constructiva Transferible (ECCT)" por la "Capacidad Constructiva Adicional (CCA)". De este modo aparecen “proyectos emisores” (obras nuevas construidas en áreas de desarrollo prioritario en zona sur, o inmuebles con protección patrimonial) que generarán Capacidad Constructiva Adicional (m2) que podrán ser aprovechados en las “Parcelas Receptoras” (en zona norte). Se trata de una suerte de “transferencia orientada” de un derecho adicional de construcción a otro terreno, en un esquema de un discutible “equilibrio” entre el sur y el norte de la ciudad.

• Sustentabilidad Urbana y Calidad Ambiental: aportando a la mitigación de los efectos del cambio climático y a la adaptación de la Ciudad frente a éstos: un objetivo que sin dudas resulta ambicioso, pero no pareciera detectarse mayores precisiones en su concreción más que la ampliación de los centros de manzana (priorizando en ellos el suelo absorbente). No hay menciones explícitas a aspectos centrales que se encuentran en discusión en el urbanismo sostenible: transporte público, espacios verdes, financiamiento y promoción de la sostenibilidad ambiental en las ciudades, etc.

• Conservación del patrimonio urbano: Por un lado, amplía los inmuebles catalogados y los pone en escena como objeto de recuperación (“proyectos emisores”) pero, por otra parte, descataloga con discrecionalidad y poca profundidad de análisis otros, bajo cierta idea de eliminación de la general idea de “protección preventiva” de lo datado previo a 1941.

Desde el Centro de Estudios para la Ciudad consideramos que esta propuesta de modificación del Código Urbanístico de CABA requiere un debate profundo dadas las implicancias significativas respecto del futuro desarrollo de la ciudad, su identidad, sustentabilidad y patrimonio.

La semana del 27 de agosto se realizó en la Facultad de Derecho de la UBA un congreso mundial de apoyos y cuidados (personas mayores) en donde participaron diversos exponentes de todo el mundo para hablar sobre los desafíos de la sociedad en la que nos encontramos, atento que el mundo está avanzando hacia un envejecimiento poblacional cada vez más marcado. Se estima que para 2050 la cifra de personas mayores alcanzará los 2.100 millones a nivel mundial. Esto quiere decir que una de cada 50 personas tendrá más de 60 años, según estimaciones de la ONU.

En ese sentido, se vienen dando distintas charlas, congresos, discusiones y posicionando en agendas a nivel internacional el tema de los cuidados de las personas mayores. Además, existe resonando una nueva teoría sobre que el futuro del trabajo girará en torno a los cuidados, dado que son actividades que difícilmente pueden ser reemplazadas por máquinas. Sobre dicha circunstancia, el economista y autor canadiense Nick Srnicek, quien recientemente estuvo en la Argentina brindando una conferencia sobre su último libro “Después del Trabajo”, se expresaba en dichos términos. Hoy, ya no se piensa como hace unos años en el “fin del trabajo” por los avances tecnológicos, sino en la transformación del trabajo como lo conocemos habitualmente.

El trabajo de cuidados será en un futuro (no tan lejano) el principal proveedor de mano de obra, por lo que se vuelve necesario que los Estados vean y diseñen políticas en torno a los cuidados en general y a las personas mayores en particular. Mantener la salud de las personas mayores es una inversión en capital humano y social, y promueve los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. El envejecimiento demográfico, mencionado precedentemente, sumado al incremento de la esperanza de vida y la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas, tiene un impacto significativo en la sociedad. Esto se traduce en mayores costos en los servicios de salud y cambios en las responsabilidades de cuidado a lo largo de las generaciones.

Mientras en nuestro país vemos políticas de ajuste en términos salariales hacia dicha población y un Estado inactivo tanto a nivel nacional como de CABA. La Ciudad de Buenos Aires en la Argentina es la ciudad más envejecida a la fecha, donde cerca de un cuarto de su población se encuentra en la categoría de persona mayor (60 años). Dentro de ese grupo poblacional, tenemos que cada 100 mujeres hay 78 hombres, lo que nos lleva a decir que la vejez tiene cara de mujer (circunstancia que no es menor). Estas personas mayores habitan en CABA en hogares multipersonales (es decir, donde en general habita más de una familia), situación que se ve mayormente en las comunas del sur de la ciudad, donde el índice etario es menor. Es decir, además de tener cara de mujer, la pobreza hace que las condiciones de vida sean peores.

Si bien la Ciudad de Buenos Aires tiene diversos programas para esta población, los mismos no son integrales, desligándose de la responsabilidad que tiene el Estado y cargando sobre las familias la responsabilidad de asumir los cuidados de quienes así lo requieran. Dicha circunstancia dista de lo que las teorías feministas vienen elaborando en torno a los cuidados, considerando al mismo inserto en una organización social del cuidado, donde todos los actores de la sociedad (Estado, mercado, familias, organizaciones de la sociedad civil) deben participar, entendiendo al cuidado desde una perspectiva de género. Desde distintos grupos de la asociación civil se vienen pensando en modelos y herramientas de políticas públicas para pensar en ese futuro que no está tan lejano.

Recordemos que en nuestro país, si bien la edad jubilatoria se encuentra a los 60 años para las mujeres y 65 para los varones, a través de una reforma que se hizo de la ley de contrato de trabajo en el año 2018, recién los empleadores pueden intimar a retirarse a la persona (si es que no quiere jubilarse) a los 70 años. Ahora bien, dicha circunstancia en la praxis no sucede y se fuerza a las personas que alcanzan la edad a jubilarse por su voluntad. Esto demuestra que alargar la edad no es una solución, sino que debe venir acompañado de otra política pública. Porque una vez jubilada, esa persona, si bien en algunos casos tiene energía ya que a los 60 años uno/a aún se encuentra activo, difícilmente pueda conseguir otro empleo formal.

Ahí es entonces, donde el Estado (tanto nacional como de la Ciudad de Buenos Aires) debería tener algún nivel de acción en generar nexos, y no solamente en realizar cursos de capacitación para la inserción laboral de esta población (existen múltiples cursos en dicho sentido para esta población). Pero, ¿qué pasa con los cuidados, más allá de aquellos/as que aún cuentan con posibilidades de prestar algún tipo de tarea? Esos cuidados recaen en las familias. Hace unas semanas participamos desde el CEC en una jornada preparatoria para el congreso que mencionaba al inicio y allí, desde nuestra participación, planteábamos un poco esto. Pero nos sorprendió la respuesta donde los panelistas (organizado por el área de GCBA que se encarga de dichas temáticas) indicaron que son las familias quienes deben ocuparse. Es decir, desligando al Estado de la Ciudad y al nacional de la obligación de tener medidas y/o acciones al respecto tanto para las personas que requieren cuidados como para las personas que trabajan en los cuidados (mayoría mujeres de 40 años en adelante precarizadas y luego de la ley bases aún más, atento que se quitaron los agravamientos indemnizatorios por la falta de registro en el estatuto de casas particulares, instrumento que las regula hoy).

Desde las organizaciones de la sociedad civil y desde quienes vienen investigando la temática, no solo en Argentina sino en distintas partes de Latinoamérica, se pone la mirada en que, para poder avanzar, se requieren políticas conjuntas, donde no sean solo las familias quienes asuman, sino que los Estados, las organizaciones de la sociedad civil, la comunidad, las empresas y las familias tienen un rol fundamental. Esto lo oímos mucho en torno al cuidado de niños/as, pero en relación a las personas mayores es una temática de la que se empieza recién en los últimos 5 años a hablar y sobre la que el mundo empieza a tomar nota. Sin ir más lejos, recientemente China estableció un seguro básico de vejez que cubre a más de 1.000 millones de personas, entendiendo que el envejecimiento poblacional es un problema del hoy y también del futuro.

Entendemos al respecto que son muchos los desafíos que existen en torno a la temática y en nuestro país en particular nos preguntamos, ¿es necesario modificar la edad jubilatoria en torno a la mejor calidad de vida? ¿De qué manera? Es claro que hoy las políticas públicas no van en esa línea a nivel nacional y tampoco en la ciudad, pero tenemos la obligación desde la sociedad civil de seguir pensando diagramas y políticas públicas de mejora de dicha ciudadanía, para poder luego llevarlas a la práctica. En otros países de Latinoamérica se ha ido avanzando en algunas ideas o proyectos, pero en general nuestros Estados tienen la problemática de que los cambios de gobierno hacen que sea un péndulo difícil de mantener. Por eso, creemos desde el CEC que la primera acción para poder avanzar es que como sociedad tomemos la bandera y lo coloquemos en agenda, organicemos debates, foros y charlas como nuestra mejor manera de contribuir.

El Gobierno plantea que pasar a la siguiente fase requiere de una enorme remonetización. Las tensiones cambiarias y lo problemático de salir del cepo tal y cual lo conocemos responden a los dólares que faltan más que a los pesos que sobran.

Si hay un hecho estilizado que caracteriza a la economía argentina durante las últimas cinco décadas es la incapacidad de sostener un régimen monetario y cambiario en el tiempo, reflejando las dificultades que históricamente hemos tenido para combinar políticas de crecimiento y empleo con la distribución del ingreso, en el marco de fuertes - y a veces violentas - tensiones de economía política.

Y si bien es cierto que parte de la inestabilidad tuvo y tiene componentes reales (efectos procíclicos de los ingresos por exportaciones), los distintos episodios de sobreendeudamiento externo y los intentos fallidos de desregulación de la cuenta capital han hecho de la cuestión externa la madre de todas las batallas, incluida la reaparición cíclica de los problemas financieros del sector público y la inflación.

Tal es así que con varios meses de superávit fiscal, Ley Bases y Pacto de Mayo adentro, y toda la deuda del Banco Central en poder del Tesoro, el Gobierno plantea ahora que pasar a una fase requiere de una remonetización tal de la economía que deje a la Base Monetaria real en los niveles previos al default de la deuda en pesos (increíble) y nuevo CEPO durante el gobierno de Mauricio Macri.

Hablamos de más de $20 billones que, cerradas una a una las canillas a la emisión, dependerán de una mayor demanda monetaria, la cual se encuentra condicionada a que la economía recupere un sendero de crecimiento y, en última instancia, a que estén los dólares que hagan viable ese sendero. En los términos de una presentación reciente de Vladimir Werning, vicepresidente del BCRA, un proceso que estiman concluya a inicios de 2027, en medio del cambio estructural que la energía y la minería suponen para con el balance de pagos.

Insistimos con algo: las tensiones cambiarias y lo problemático de salir del cepo cambiario tal y cual lo conocemos responden a los dólares que faltan más que a los pesos que sobran. Podrán seguir tirándole a los desequilibrios con mayores ajustes en los flujos de gasto, pero es tal el peso de los desajustes de stocks - generados entre otros por los procesos de sobreendeudamiento externo que mencionamos – que los condicionantes van a seguir ahí. Máxime cuando la conducta de todos aquellos que toman decisiones de ahorro e inversión de todo tipo y tamaño se ha cocinado al fuego lento de los efectos que la magnitud, duración y frecuencia de estos fenómenos ha generado en el tiempo, alterando significativamente los parámetros sobre los que opera todo el sistema a nivel macroeconómico.

Argentina enfrenta serios problemas de sus stocks financieros en moneda extranjera. El endeudamiento neto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con bonistas internacionales plantea un gran desafío para el crecimiento sostenido de largo plazo. Y a nivel agregado la fragilidad argentina no se resuelve con menos gasto o con una nueva corrección cambiaria, sino con un plan de estabilización fiscal-monetario que permita acumular reservas internacionales, detener la depreciación crónica y sentar las bases de una macroeconomía para el desarrollo, cuyo objetivo último sea el cambio estructural.

En este sentido, a la hora de delinear en particular los objetivos e instrumentos disponibles para la política monetaria, no pueden obviarse los desequilibrios provenientes de los planos externos y financieros, cuyas trayectorias estarán atravesadas tanto por el valor de exportaciones e importaciones como por las distintas decisiones de política con las cuales se busque afectar conductas a través del tiempo. No hay magia.

La estabilización permitiría ir alargando el horizonte de planeamiento. Vendría después un manejo más serio de la política fiscal, realzando el rol clave de la misma en el nivel de actividad y la redistribución de ingresos. Tasa de interés consistente con las expectativas cambiarias, manejo inteligente y macro prudencial de la cuenta capital y un plan decidido que permita dinamizar la estructura productiva. Más y mejor Estado.

El objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030 (ODS) plantea “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. Bajo este Objetivo se encuentra el garantizar por parte de los gobiernos nacionales el financiamiento para aumentar el número de docentes, mejorar la infraestructura escolar básica y adoptar la transformación digital.

Por otra parte, nuestra legislación en la Ley 26.206 de Educación Nacional (LEN) establece que el Estado debe garantizar las condiciones materiales y culturales para que las y los estudiantes alcancen aprendizajes comunes y de buena calidad sin distinciones de origen social, radicación geográfica, género o identidad cultural. En este marco, la Resolución Ministerial N° 3345 el 12 de noviembre de 2021 creó el programa “Libros para Aprender”, que busca colaborar en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje de niñas, niños y jóvenes en Argentina.

Este Programa se implementa mediante la modalidad de entrega “uno a uno” de libros a las y los estudiantes y que los libros les pertenecen para ser utilizados en el aula con sus docentes y en el ámbito de sus hogares. Así es que, especialistas designados por las máximas autoridades educativas de las 24 jurisdicciones del país, en un proceso federal y transparente evalúa los contenidos de los materiales de acuerdo con sus respectivas necesidades. Por otra parte, se realiza una convocatoria abierta con amplia difusión para que todas las editoriales que deseen participar puedan presentar sus materiales de acuerdo con los requerimientos. De esta manera, a través de instancias democráticas, de consensos y acuerdos federales, el Estado nacional garantiza el acceso a materiales de lectura para las niñeces y juventudes de manera gratuita. Durante el 2023, mediante el Programa se entregaron un total de 11.533.556 libros educativos para el nivel primario y 4.226.782 libros para nivel secundario.

En el contexto actual con el desfinanciamiento del programa y la no entrega de materiales a estudiantes y docentes, nuevamente queda en manos únicamente de quienes tienen los recursos económicos para acceder a libros, y en el mercado de las editoriales quienes definen de manera arbitraria los contenidos para la educación.