Los Barrios del RENABAP en el Contexto Actual: Reflexión desde el CEC
El Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), creado en 2016, se estableció como una herramienta fundamental para recopilar datos precisos sobre las familias que habitan en los barrios más vulnerables de nuestro país. Este logro, fruto de la lucha de movimientos sociales, culminó con la sanción de la Ley 27.473 en 2018, que regula el régimen de integración socio-urbana y otorga derechos esenciales, como el certificado de vivienda familiar (CVF). Este documento permite a los habitantes de estos barrios acceder a una serie de derechos fundamentales para mejorar su calidad de vida.
Argentina se destacó a nivel mundial al implementar esta política pública, aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, en el contexto actual, estas políticas han sufrido un grave desfinanciamiento, con una alarmante reducción del FISU (Fideicomiso de Integración Socio Urbana), que pasó de percibir el 9% del Impuesto País al 1%.
Esta ley ha dignificado a las personas que viven en los barrios más carenciados del país, brindándoles un sentido de pertenencia a sus hogares y otorgándoles beneficios como el programa Mi Pieza, que ha llegado a más de 250.000 mujeres en todo el país. Gracias a un aporte económico, muchas de ellas han podido realizar mejoras, ampliaciones y reparaciones en sus viviendas.
Los efectos positivos de estas políticas públicas son evidentes, especialmente para las mujeres que accedieron a ellas. No es posible lograr una integración sin una perspectiva de género y diversidad. Este proceso debe ser progresivo, integral y participativo, donde las personas que viven en estos sectores sean las protagonistas de los cambios, fruto de decisiones políticas.
Desde el CEC, sentimos la obligación de continuar informando y luchando por los derechos de los habitantes de los barrios populares, quienes hoy en día no son una prioridad en las agendas del Gobierno Nacional ni del Gobierno de la Ciudad.
En la Ciudad de Buenos Aires, existen 49 barrios populares donde viven más de 80.000 familias. Tras seis años, el viernes 27 de septiembre de 2024, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires finalmente adhirió a la Ley Nacional 27.453 de Barrios Populares. La integración socio-urbana es una ley nacional, y ahora también es ley en la Ciudad. Hagamos que se cumpla.
La reciente publicación de los índices de pobreza e indigencia por parte del INDEC nos enfrenta con una cruda realidad: sin un programa de inversión sólido que garantice el acceso a servicios esenciales en los 6.400 barrios populares de Argentina, no será posible mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La precarización en estos sectores no se limita solo a la falta de ingresos económicos sino también a la ausencia de infraestructura y servicios básicos, que perpetúa la marginación y limita las oportunidades de desarrollo y progreso.
En el CEC, estamos convencidos de que la libertad de una persona está intrínsecamente vinculada a su derecho a un hábitat y una vivienda digna. Sin esta base fundamental, cualquier intento de integración o desarrollo resulta inútil. Cuando el Estado se retira y desfinancia políticas públicas que benefician a los barrios más vulnerables, solo consigue profundizar el abandono. En ese vacío, surgen redes paralelas, como el narcotráfico y la violencia, que afectan gravemente a las comunidades, especialmente a los jóvenes.
Un abordaje integral es la única solución viable para enfrentar este problema. Creemos firmemente que, sin un Estado presente y comprometido con los sectores más vulnerables, no habrá un camino posible hacia un futuro más justo. Hacemos un llamado a las organizaciones de la sociedad civil para que mantengan este tema en sus agendas y sigan luchando por políticas públicas que garanticen una vida digna para todas y todos.