Contra el ajuste y la motosierra a nuestros derechos respondemos con movilización en las calles
Este 8 M desde el Centro de Estudios para la Ciudad denunciamos las políticas de ajuste, vaciamiento y motosierra realizadas por el gobierno de Javier Milei que recaen principalmente sobre las espaldas de las mujeres y las diversidades.
El Internacional de la Mujer tuvo su origen en la lucha por los derechos de las mujeres (derecho al voto, jornada reducida, mejora salarial) en el siglo XX, donde surgió la primera movilización masiva. Desde dicha época año a año el 8 de marzo se conmemora la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos, la justicia social y la erradicación de la violencia de género.
En el contexto actual de Argentina, este día nos encuentra nuevamente movilizadas. Desde el inicio de la gestión libertaria se han desmantelado programas, organismos y políticas públicas esenciales para la protección de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+. El discurso oficial ha minimizado la problemática de la violencia de género, desconociendo que en la Argentina según el observatorio “Ahora que sí nos ven”, en 2025 se registraron 52 femicidios, lo que equivale a 1 femicidio cada 27 horas. Del mismo informe se desprende que el 19% de las víctimas había realizado una denuncia previa contra el agresor y que solo el 15% contaba con medidas de protección (prohibición de acercamiento, botón antipánico, etc). En un contexto con altos índices de violencia y donde nos siguen matando el gobierno banaliza la violencia de género existente y plantea la posibilidad de eliminar la figura del femicidio del Código Penal. Figura que fue incluida en el año 2012 en el Código Penal sancionando de manera adecuada dicha violencia específica y cumpliendo de ese modo con los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres. La pretendida eliminación de la figura existente en el Código Penal no solo desconoce la gravedad de la violencia de género, sino que también envía un mensaje de impunidad a los agresores y de desprotección a las víctimas.
Las medidas y acciones realizadas por el gobierno de Javier Milei afectan en mayor medida a las mujeres profundizando las desigualdades. La eliminación de la moratoria previsional es un claro ejemplo de ello, atento que el 87% de las personas que accedieron a la misma son mujeres. La informalidad laboral, las interrupciones en las carreras laborales de las mujeres son algunas de las causas por las que estas llegan a la edad jubilatoria sin contar con los años de aportes necesarios. Por lo que la medida de eliminación de moratoria no es indiferente y tiene cara de mujer.
Nuestro país ha sido históricamente un referente en la región en materia de derechos de las mujeres y políticas de género. A través de la historia de nuestro país se han sancionado distintas normas que buscan proteger los derechos de las mujeres en sus distintos ámbitos de acción ( la ley de voto femenino, las leyes de cupo, la ley de educación integral (ESI), la ley de matrimonio igualitario, la ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Ley 26.485), la ley de identidad de género, la ley de acoso sexual, ley micaela y a Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley 27.610)) son algunos ejemplos. Las que en conjunto con la creación del hoy eliminado Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad han sido fundamentales para abordar problemáticas como la violencia de género, la desigualdad laboral y la falta de acceso a la salud reproductiva.
Desde la asunción de Javier Milei como presidente, se han implementado medidas que han generado un retroceso en las políticas de género, afectando directamente la protección y los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+. Desde el CEC analizamos algunos de los aspectos más preocupantes de dichas medidas.
Reducción Presupuestaria: El gobierno ha llevado a cabo un ajuste fiscal que ha impactado severamente en áreas clave como salud, educación y programas sociales. La eliminación del plan Enia (programa que prevenía el embarazo adolescente) es una prueba de ello; durante el período que el mismo estuvo vigente logró disminuir un 50% el embarazo adolescente en 12 provincias del país.
La eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y de las políticas que este llevaba a cabo, a la vez que la eliminación de diversas áreas del Estado que buscan la igualdad de género y la protección contra las violencias genera que no sea posible que continúen los programas de acompañamiento y protección a las víctimas de violencia de género; entre los que encontramos la línea 144. Con estas decisiones se desconoce además del problema estructural de la violencia de género, el compromiso de la Argentina con convenciones internacionales como la de Belem do Pará (Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres), firmada en 1994 y CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), de 1980. La subejecución y el vaciamiento de los programas implican el retiro del Estado para quienes más lo necesitan; impacta en el nivel de vida
Políticas de cuidado: Según el segundo informe del CELS denominado “La cocina de los cuidados” ya en junio del 2024 el gobierno de Javier Milei había derogado y desmantelado 24 de las 47 políticas de cuidados que se encontraban vigentes. Dejando en pie sólo las políticas de transferencia de ingresos directa a las personas. Aunque son necesarias, estas medidas por sí solas no abordan de manera integral ni multicausal las problemáticas existentes. No logran mitigar los efectos de la recesión en el ámbito laboral y resultan insuficientes para contrarrestar los impactos del retiro. En octubre de 2024, Argentina fue el único país del G20 que no respaldó una declaración sobre la igualdad económica de las mujeres. La razón fue que la declaración incluía conceptos que no compartían, como reconocer las acciones de cuidado familiar como trabajo e involucrar al Estado en el pago de ingresos. Además, el gobierno argentino solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos retirar una solicitud de opinión consultiva enviada en 2023, que proponía considerar el cuidado como un derecho humano. Esta solicitud ya había generado un proceso de debate regional, pero la Corte IDH rechazó el pedido.
La Ley Micaela: Luego de la sanción de la ley de bases la misma pasa a ser obligatoria solamente para aquellos organismos competentes en la materia, lo que reduce el alcance de la norma. Además, se plantea eliminar al Instituto Nacional de las Mujeres como autoridad de aplicación, reemplazándolo por el Ministerio de Capital Humano. Estos cambios generan un retroceso en la lucha contra la violencia de género y en el cumplimiento de estándares internacionales
Recortes en Programas de Asistencia: Programas destinados a víctimas de violencia de género y a la promoción de la autonomía económica de las mujeres han sufrido recortes. Uno de los cambios más significativos ha sido la reducción del tiempo de ayuda económica del Programa Acompañar, que pasó de seis a tres meses. A la vez añadido el requisito de presentar denuncia policial o judicial para acceder a dicho programa. Estos cambios han generado que miles de mujeres se encuentren en situación de desprotección y a la vez han colocado a la víctima en un lugar de revictimización exigiéndole la existencia de denuncia para acceder al mismo. El vaciamiento de las políticas públicas de género tiene consecuencias directas en la vida de las mujeres, especialmente en los sectores más vulnerables. Además, se les retiró el apoyo económico del Programa de Fortalecimiento de Acceso a Derechos de las Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, y se suspendió la hormonización para menores de 18 años.
Desigualdad Económica: Las mujeres, especialmente las jefas de hogar se ven afectadas por la reducción de programas de empleo y capacitación. La actividad mayoritariamente feminizada (trabajo de casas particulares) ha visto reducida notablemente su ingreso salarial a la vez que se eliminaron las políticas tendientes a su formalización laboral. Según el informe N° 4 del CELS denominado “la cocina de los cuidados”, las trabajadoras del cuidado han visto reducido su salario real en el primer año de gestión de Javier Milei en un 22% en el caso de empleadas de casas particulares, un 54% el de trabajadoras comunitarias y un 29 % las docentes. En la Argentina de 2025 la desigualdad salarial entre hombres y mujeres alcanza al 27% (INDEC septiembre 2024), lo que refleja la persistente brecha salarial. A su vez la división sexual del trabajo y la sobrecarga de tareas de cuidado continúa recayendo principalmente sobre las mujeres quienes dedican a estas tareas el doble que sus pares varones. Las personas trans fueron despedidas del Estado en una proporción mayor que otros empleados estatales.
Salud Reproductiva: El acceso a servicios de salud sexual y reproductiva se ha visto comprometido, poniendo en riesgo la vida y la autonomía de las mujeres. La reducción del presupuesto destinado a programas de Educación Sexual Integral (ESI) y la modificación de los contenidos curriculares para alinearlos con una perspectiva más conservadora han generado críticas desde la sociedad civil en tanto dichos recortes apuntan a limitar el acceso a información integral y científica sobre sexualidad y género.
La lucha por la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres es un compromiso que requiere la participación activa de toda la sociedad. En el año que se cumplen 30 años de la conferencia de Beijing y toda vez que la gestión actual decidido no participar en dicha asamblea, vemos más que necesario reafirmar la lucha por los derechos de las mujeres y por la igualdad. Este 8 de marzo, saldremos nuevamente a las calles para defender los derechos adquiridos y continuar reclamando los que aún nos faltan. Nos movilizamos para reafirmar que, aunque nos quieran en soledad, nuestra fuerza radica en la comunidad y la solidaridad colectiva. Seguiremos exigiendo políticas públicas efectivas y la garantía de derechos que nos permitan vivir en un mundo más justo y equitativo. Porque juntas somos más fuertes, y juntas seguiremos avanzando hacia un futuro libre de violencia y desigualdad.