La venta ambulante en la Ciudad de Buenos Aires: ¿Hay dos derechos en pugna?
Desde hace unas semanas las calles del barrio de Once que habitualmente se encontraba atestada de vendedores ambulantes, hoy se encuentran vacías. La semana del 4 de octubre con un mega operativo represivo de más de 600 agentes de la policía de la ciudad se produjeron una serie de pesquisas, allanamientos en distintos depósitos ubicados en el barrio de Once y por otro lado se levantó a los vendedores ambulantes que se encontraban en las calles del barrio. Este hecho de violencia hacia los vendedores ambulantes no es un hecho nuevo y ha sucedido en diversas zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son imágenes que nos vienen repetidas de violencia hacia los más vulnerables. Bajo el lema los "vecinos quieren recuperar el espacio público" el gobierno de la ciudad viene haciendo distintos operativos en los centros comerciales de Avellaneda (barrio de flores) y en Once.
El operativo realizado en once a principios del corriente mes ha tenido un componente adicional de violencia hacia los/las vendedores/as ambulantes de la zona. Es cierto que hace ya varios meses hay distintas asambleas de vecinos/as que reclaman por la liberación de las calles, el poder circular y disfrutar del espacio público por un lado. Y por otro que los comerciantes de la zona alegan que las tareas realizadas por estos vendedores ambulantes son "competencia desleal". Se han escuchado comentarios como "yo pago un alquiler y los impuestos". Es decir, la discusión es de clase social. Por eso mediante la presente nos preguntamos se pueden poner dos derechos en pugna?
Debemos considerar que la venta ambulante no es una actividad prohibida en nuestra ciudad, es cierto que en el barrio de Once la actividad en los últimos meses había adquirido un aumento desconmesurado y que existen situaciones que debían ser controladas y/o reguladas por las autoridades. El Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires se refiere, en su apartado N° 4.1.2, a la venta en la vía pública sin autorización. Sanciona con una multa de entre 50 y 1000 pesos, además del decomiso de las cosas, a quien venda mercaderías en la vía pública sin permiso o en infracción con la autorización otorgada, que otorga el gobierno porteño.
En el operativo mencionado se allanaron 197 depósitos buscando mercadería falsificada y se desvalijaron dichos depósitos. Entonces aquí podríamos hacer un primer paréntesis; la ilegalidad debe ser controlada por el Estado. Pero, el operativo no se quedó allí, luego de decomisar la mercadería de los depósitos, la policía de la ciudad desalojó de forma violenta a los/las vendedores/as ambulantes. Estos operativos se vienen realizando en toda la Capital Federal, se hicieron en parque centenario, la feria en retiro y en todo el resultado ha sido el mismo la violencia sobre quienes son claramente los sujetos más vulnerables.
Estos/as vendedores/as ambulantes declararon que contaban por parte del Gobierno de la Ciudad un carnet habilitante para realizar la venta ambulante. Entonces, si el mismo estado porteño les entregó autorización para trabajar, porqué luego realiza un operativo de desalojo y les decomisan la mercadería. Acá hay distintas situaciones tenemos a quienes trabajan y vieron vulnerado sus derechos y violentados por la policía de la ciudad y los que se aprovechan de dichos ciudadanos/as usufructuando su trabajo. Desde distintas organizaciones de la sociedad civil vemos con preocupación la escalada de la violencia hacia los sectores que como ellos mismos manifestaban "no son una mafia y quieren trabajar". Entendemos que no se puede cortar por el hilo más débil y que resulta necesario que desde las distintas autoridades, tanto nacionales como de la ciudad se garantice los derechos de todas y todos comenzando por los más débiles.
Es cierto que deben controlarse a quienes se organizan criminalmente y usufructúan de aquellos y aquellas que necesitan trabajar para vivir. Pero la respuesta no puede ser la violencia excesiva y el colocar a ciudadanos/as enfrentados. Acá la respuesta no es manteros si o manteros no; sino que políticas de empleo se ofrecen para garantizar que los ciudadanos y ciudadanas que habitan la ciudad no sean víctimas de abusos por parte de quienes utilizan su fuerza de trabajo para delinquir.
