La Seguridad en Debate: Un Enfoque Controversial
La reciente firma de un convenio entre el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, para agilizar la expulsión de extranjeros que delinquen en Buenos Aires, ha suscitado un debate que va más allá de la seguridad. La propuesta, que busca un intercambio de datos migratorios más ágil, se inscribe en un contexto donde la seguridad pública se presenta como una prioridad indiscutible. Sin embargo, es fundamental cuestionar qué tipo de sociedad queremos construir y a qué costo.
Este acuerdo se remonta al Decreto 70/2017, impulsado por Mauricio Macri, que fue derogado en 2021. Este decreto permitía la expulsión acelerada de extranjeros con antecedentes penales, reduciendo tiempos y procesos legales. La idea de que la seguridad se protege a través de la expulsión rápida de inmigrantes suena atractiva a muchos, pero encierra riesgos serios.
Primero, es crucial recordar que el marco legal actual ya contempla mecanismos para la expulsión de inmigrantes en situaciones de irregularidad o delincuencia. La ley distingue entre residentes y no residentes, y exige que haya un proceso judicial antes de ejecutar una expulsión. Esto garantiza ciertos derechos fundamentales, algo que no debemos perder de vista en la búsqueda de una solución rápida a un problema complejo.
La seguridad no puede ser una justificación para socavar derechos humanos ni para establecer prácticas discriminatorias. Un enfoque que asocia automáticamente el delito con la nacionalidad de una persona puede conducir a estigmatizaciones y a un clima de miedo que no solo afecta a los extranjeros, sino también a la sociedad en su conjunto.
Además, la insistencia de Macri en avanzar con la "Ley de Reiterancia" para permitir que la reincidencia se considere un factor agravante en el ámbito judicial, también merece un análisis crítico. La idea de que más leyes represivas resolverán el problema de la criminalidad ignora las raíces sociales de la delincuencia, como la pobreza y la exclusión. La historia ha demostrado que la represión sin un enfoque integral tiende a fallar.
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoce derechos fundamentales para los extranjeros, garantizando su acceso a servicios públicos y su participación política. Ignorar estas garantías en favor de medidas más drásticas no solo es un retroceso en términos de derechos humanos, sino que también puede tener efectos contraproducentes a largo plazo.
En la Ciudad de Buenos Aires, un 38% de la población está compuesta por migrantes, y aproximadamente un tercio de ellos proviene del exterior. Esto incluye a personas provenientes de países limítrofes y otras regiones del mundo. Esta cifra refleja tanto la migración interna (desde otras provincias de Argentina) como la internacional, siendo este último grupo una parte significativa de los residentes extranjeros.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) divulgó los resultados finales del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 con respecto a las migraciones internacionales e internas. Según datos oficiales, el 21,7% de los migrantes del país vive en la Ciudad de Buenos Aires.
De este modo, el Censo 2022 identificó a 3.095.454 personas en viviendas particulares de la CABA. De ese número, 2.051.723 (66,3%) nacieron en suelo porteño, mientras que 624.640 (20,2%) lo hicieron en otra provincia y 419.091 (13,5%) en otro país. La seguridad es sin duda un tema esencial, pero debe ser abordado de manera equitativa y respetuosa de los derechos de todos y todas. A medida que discutimos el futuro de nuestra ciudad, es vital encontrar un equilibrio entre la protección de nuestros/as ciudadanos/as y el respeto por los derechos de quienes eligen vivir aquí. La solución no puede ser la expulsión, sino la inclusión y la construcción de un sistema que realmente garantice la seguridad y el bienestar de todos.