El sistema de cobertura de medicamentos del PAMI en crisis
El pasado 02 de diciembre el gobierno informó cambios significativos en la cobertura de medicamentos para los jubilados. En los últimos meses, el sistema de cobertura del PAMI viene transitando modificaciones en detrimento de los derechos de sus afiliados, reflejo de las tensiones económicas y políticas de ajustes que atraviesan el país. Es importante destacar que desde su implementación en 2020, el programa de medicamentos gratuitos se consolidó como una herramienta esencial para proteger los ingresos de las y los jubilados, especialmente frente a la creciente inflación. Sin embargo, desde fines de 2023 y durante 2024, la situación ha comenzado a deteriorarse considerablemente, poniendo en jaque el acceso equitativo a la salud.
Entre los cambios destacados, el organismo redujo su vademécum, excluyendo 44 medicamentos que antes estaban cubiertos al 100%. Esto afectó principalmente a tratamientos para enfermedades crónicas y productos básicos, lo que ha generado malestar y protestas entre las y los jubilados, así como una notable presión económica sobre este sector de la población.
Actualmente, el PAMI mantiene una cobertura del 100% para medicamentos esenciales como insulinas, hipoglucemiantes, tratamientos oncológicos y medicamentos antirretrovirales. Sin embargo, la cobertura parcial (entre el 50% y el 80%) para otros medicamentos esenciales obliga a muchos jubilados a destinar una porción considerable de sus ingresos a tratamientos antes cubiertos. Además, los precios de los medicamentos han aumentado significativamente, con incrementos interanuales que en algunos casos superan el 24%, desfasados respecto al ajuste en las jubilaciones mínimas.
Los aumentos en los precios de los medicamentos han sido alarmantes. En el tercer trimestre de 2024, los incrementos interanuales oscilaron entre 24% y 322% dependiendo de los productos, exacerbando la carga económica para las y los jubilados que ya enfrentan jubilaciones mínimas insuficientes.
En nuestra Constitución Nacional el artículo 14 bis establece que el trabajo y la seguridad social son derechos protegidos por el Estado. En cuanto a la seguridad social, señala que debe ser integral e irrenunciable. Para las y los jubilados, este artículo implica que el sistema preventivo y de salud debe garantizarles una cobertura médica adecuada que incluya acceso a tratamientos y medicamentos necesarios. El concepto de "integral e irrenunciable" refuerza que estas prestaciones no pueden ser disminuidas o condicionadas por circunstancias económicas y menos aún por decisiones de los gobiernos de turno. Asimismo, el artículo 42 establece derechos relacionados con los consumidores y usuarios de bienes y servicios, indicando que tienen derecho a una protección adecuada de su salud, seguridad e intereses económicos. También dispone que los poderes públicos deben garantizar la calidad y eficiencia en la prestación de esos servicios.
En el caso de los jubilados, este artículo subraya la obligación del Estado de supervisar que los servicios de salud, como los brindados por el PAMI, sean accesibles, de calidad y cumplan con los estándares necesarios para proteger su bienestar físico y económico.
La cobertura de medicamentos por parte del PAMI ha sido históricamente un pilar fundamental para la protección de la salud de las y los jubilados en Argentina, un sector vulnerable que depende de estos servicios para garantizar su bienestar y calidad de vida. Sin embargo, las políticas adoptadas por el gobierno de Javier Milei han generado un escenario de incertidumbre y preocupación en este colectivo, al poner en duda la continuidad de ciertos programas y su acceso a tratamientos.
En un contexto económico y social complejo, donde la inflación y la pobreza siguen afectando a una gran parte de la población, las medidas que afectan directamente a las y los jubilados pueden tener un impacto devastador en su salud y su estabilidad. Si bien el gobierno en su discurso ha sostenido que las reformas buscan optimizar los recursos y corregir distorsiones, la realidad demuestra que las reformas propuestas en materia de salud pública pueden implicar recortes o restricciones en la cobertura de medicamentos, que son fundamentales para el tratamiento de enfermedades crónicas y el control de patologías.
La creciente precarización del acceso a medicamentos, combinada con la falta de políticas claras de protección para los jubilados, refleja una desconexión con las necesidades urgentes de quienes han trabajado toda su vida y ahora requieren de un sistema de salud que garantice su dignidad y bienestar. Si el PAMI pierde la capacidad de ofrecer medicamentos gratuitos o a precios accesibles, la situación de los jubilados empeorará, incrementando la desigualdad social y sanitaria en el país.
Desde el Centro de Estudios para la Ciudad venimos advirtiendo el impacto directo que causa el desfinanciamiento de la cobertura del PAMI en la población de jubiladas y jubilados debido al trabajo territorial que realizamos con la Comisión de Salud es por este motivo que consideramos prioritaria la puesta en marcha de políticas públicas activas que se comprometan a revertir el panorama actual.