
FOGAR: un capital de $2,3 billones que no llega a las PyMEs
Las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen el núcleo del entramado productivo argentino. Son las principales generadoras de empleo privado, sostienen el desarrollo de las economías regionales y contribuyen a la integración territorial de nuestro país. Por esa razón, la situación financiera que atraviesan actualmente no puede ser considerada un problema sectorial, sino una cuestión estratégica para el desarrollo económico nacional.
Sin embargo, las crecientes dificultades de acceso al financiamiento, el aumento de los costos operativos y las restricciones de liquidez han profundizado los niveles de endeudamiento y morosidad de las MiPyMEs, comprometiendo su capacidad de sostener la producción y el empleo.
Cuando una empresa ingresa en esta dinámica, se produce un círculo vicioso de exclusión financiera: pierde acceso al crédito formal, encuentra dificultades para refinanciar sus obligaciones y ve restringidas sus posibilidades de sostener inversiones, producción y puestos de trabajo. El resultado es un deterioro progresivo de su capacidad operativa y de su contribución a la economía real.
Lo más preocupante es que esta situación no responde a una ausencia de instrumentos públicos ni a una falta de recursos disponibles. Por el contrario, existen herramientas diseñadas específicamente para atender este tipo de contingencias que hoy se encuentran claramente subutilizadas.
El caso más evidente es el del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR). Según los datos reportados por la Agencia de Calificación de Riesgo Universidad Pública (UNTREF-ACR UP) y de FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo, sobre el Fondo de Garantías Argentino (FOGAR), se da cuenta de que al 30 de junio de 2026 la cartera de inversiones del FOGAR (el Fondo de Riesgo Disponible) superaba los $2.355.005 millones de pesos. Estas inversiones estaban nominadas en un 90% en pesos y con una composición conservadora: bonos del Tesoro Nacional 55,43%, letras del Tesoro 17,62%, plazos fijos 22,34%, FCI 3,24% y ONs 1,33%.
El problema es que ese capital se está usando muy por debajo de su capacidad. El apalancamiento (riesgo vivo sobre Fondo de Riesgo o patrimonio) es históricamente bajo: 0,4 veces el patrimonio neto a marzo de 2026, contra un límite normativo de 4 veces, ampliable a 8 veces en determinadas condiciones. El ratio de liquidez sobre riesgo vivo de 2.460,9% y tomando el dato más alto de garantías vigentes, $521.577 millones al 30 de junio de 2026, el stock representa alrededor del 22% del Fondo de Riesgo y solo el 5,5% del límite de 4x.
¿Por qué no se está utilizando? Porque la cartera histórica se está reduciendo y la gestión actual no la reemplaza ni utiliza el Fondo para lo que está facultado a hacer. Al 30 de junio de 2026, el 77,24% de las garantías vigentes correspondía al FAE ATP ANSES (garantías que fueron otorgadas durante la pandemia COVID-19), seguido por bancos (8,06%), FAE MiPyMEs (4,25%), FAE FOGAR (3,31%) y otros FAE menores; las SGRs tenían una participación marginal, del orden del 0,20% a pesar de que la línea de coavales con SGRs está aprobada y operativa, pero sin desembolsos efectivos.
Es decir, el FOGAR no tiene un problema de capital ni de liquidez; tiene un capital amplio, líquido y disponible. Existe una capacidad de cobertura ociosa de varios múltiplos del volumen actualmente garantizado. Su generación de ingresos operativos por garantizar créditos es prácticamente nula frente al rendimiento del capital invertido. EL FOGAR está cumpliendo una función financiera como demandante de instrumentos financieros públicos e ignorando su función económica principal: garantizar crédito para MiPyMEs. Incluso manteniendo una gestión prudente, hay un margen amplio para ampliar el otorgamiento de garantías sin comprometer la solvencia. El problema es de gestión política.
Según los datos relevados en el Mapa de la Deuda de las Empresas Argentinas (mapadeladeuda.ar), elaborados sobre la base de la Central de Deudores del Banco Central, son contundentes. A septiembre de 2026 la totalidad de la deuda en mora de las empresas Micro y PyMEs argentinas fue de 655 mil millones de pesos. Entre agosto de 2024 y septiembre de 2026, esa deuda registró un crecimiento del 840%. Resulta especialmente preocupante que cerca de la mitad de las empresas en mora acumularan entre tres y trece meses de incumplimientos, una situación que evidencia problemas persistentes y no meramente coyunturales.
Estos números demuestran que el Estado nacional dispone de capacidad financiera significativa para expandir el otorgamiento de garantías y facilitar procesos de refinanciación y recuperación crediticia para las MiPyMEs. No estamos frente a una restricción presupuestaria insalvable. Estamos frente a una decisión de política económica.
A ello se suma que las garantías vigentes alcanzaban aproximadamente 521.577 millones de pesos, de las cuales el 77,24% corresponden aún a programas implementados durante la pandemia, particularmente a través del esquema FAE ATP-ANSES. Esto pone de manifiesto que el instrumento ya ha demostrado su utilidad y capacidad operativa cuando existe la voluntad de movilizar en defensa de la producción y el empleo.
Por lo tanto, el debate no debería centrarse en si existen recursos para asistir al entramado productivo, porque los recursos existen. El debate es si el Estado va a utilizar las herramientas que tiene a disposición para sostener a las pequeñas y medianas empresas o si, por el contrario, va a permitir que miles de ellas queden excluidas del sistema financiero aun cuando existen mecanismos plenamente operativos para evitarlo.
Si el FOGAR se propusiera garantizar líneas de refinanciación para PyMEs en mora, podría solucionar el problema sin comprometer en absoluto su solvencia. Hoy una PyME en mora no puede acceder a un préstamo nuevo porque el banco no tiene garantías suficientes, si el FOGAR coavala o garantiza esa refinanciación, el banco puede otorgarla, la empresa regulariza su situación y el circuito de crédito se reactiva. El FOGAR ya tiene el mecanismo operativo para esto: la Línea de Coavales con SGRs.
La mora PyME representa alrededor del 28% del Fondo de Riesgo del FOGAR y del 32% de su patrimonio, pero solo el 7% de su capacidad máxima de cobertura al límite de 4x. Una PyME en mora está, por definición, excluida del acceso al financiamiento, garantizar su refinanciación es una forma directa de cumplir el objeto del FOGAR.
En definitiva, el problema no es la falta de fondos. El problema es la ausencia de una estrategia activa orientada a utilizar los instrumentos financieros públicos para preservar el empleo, recuperar la capacidad productiva y evitar que la crisis de financiamiento continúe deteriorando al principal motor de la economía argentina: sus MiPyMEs.